MP-1 El 10 de enero de 1996, en el Hospital Virgen de la Macarena, en Sevilla, y custodiado por agentes de policía, moría LUIS MIGUEL GARCÍA GABARRE, cuando contaba 34 años de edad y quien cumplía una condena en la prisión SEVILLA I.

El 20 de agosto de 1995, Luis Miguel fue ingresado por primera vez en el Hospital, una semana después regresó a la prisión, pero en octubre su estado de salud empeoró y fue llevado de nuevo al Hospital, donde murió tres meses después sin que su familia, que lo intentó por todos los medios, lograse que pasase con ellos sus últimos días de vida en su localidad natal de Medina del Campo (Valladolid). La autorización no fue recibida hasta el 15 de enero, cinco días después de producirse la muerte. La concesión de la libertad condicional, prevista en el artículo 60 del antiguo Código Penal, le fue concedida el 18 de diciembre, sin embargo el juzgado no autorizó a la familia a recoger a Luis Miguel por no contar con un certificado de un centro que se responsabilizase de su atención.

La prisión afirmó que el expediente fue remitido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y que la muerte se produjo antes de que la jueza resolviese el expediente. En el Juzgado, sin embargo, se afirma que el expediente nunca llegó al allí.

MP-2 El 17 de enero de 1996, ALEN DEL CORRAL, al que quedaban pocos días para recobrar su libertad, murió en la cárcel de NANCLARES DE OCA (Álava) víctima de un paro cardíaco.

Alen del Corral, con problemas crónicos del corazón, se encontró mal ya por la mañana del día de su muerte, por lo que avisó a un funcionario y le comunicó su situación y su deseo de acudir al médico. El funcionario le indicó que si quería ir al médico echara una instancia y que, cuando esta llegara a su destino, ya le vería el médico. Alen del Corral murió ésa misma tarde en su celda de la prisión alavesa.

El 21 de octubre, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Vitoria archivó la denuncia formulada por la asociación Salhaketa, archivo que fue ratificado días después por la Audiencia Provincial.

MP-3 El 28 de abril de 1996, aparecía muerto en la zaragozana prisión de TORRERO, MIGUEL ÁNGEL BAZOS AZNAR, cuando cumplía una sanción en aislamiento, impuesta a pesar de los antecedentes psiquiátricos que obraban en su expediente.

Miguel Ángel Bazos, pasó una temporada preso en la cárcel de DAROCA (Zaragoza), donde recibía un tratamiento en el Grupo de Atención a Drogodependientes (GAD). Sin motivación alguna, fue conducido al Centro Penitenciario de Huesca, donde no existe GAD y viéndose obligado de esta forma, a abandonar el programa de desintoxicación. Desde el primer momento comienza a solicitar su traslado a la cárcel de Daroca para continuar el tratamiento. Dichas solicitudes no son contestadas por la administración penitenciaria.

En febrero de 1996, Miguel Ángel bazos es trasladado a la cárcel de Torrero en Zaragoza, para acudir como testigo al juicio que se iba a celebrar contra miembros de ASAPA, acusados por el Fiscal por un delito de injurias y calumnias a los funcionarios de la prisión de Daroca a raíz de la publicación, en 1994. de un informe donde se relataban las vulneraciones a los derechos de las personas presas en dicha cárcel. Durante las sesiones del juicio narró al Tribunal las torturas y vejaciones de las que fue objeto durante su anterior estancia en Daroca. Igualmente, Miguel Ángel solicitó del Tribunal la adopción de medidas de seguridad frente a posibles represalias por parte de los funcionarios denunciados.

El temor a las represalias que pudiera sufrir al reingresar en la cárcel, una vez finalizado el juicio, le lleva a autolesionarse por lo que debe ser ingresado en el Hospital Clínico de Zaragoza, en la unidad de psiquiatría, donde se le aprecian graves trastornos de personalidad. Tras ser dado de alta, vuelve a la cárcel de Torrero, en la que, en virtud de un informe emitido por el forense del Juzgado de Vigilancia, se le aplican unas medidas anti-suicidio que suponen un trato vejatorio, inhumano y degradante: esposado a la cama, sin colchón, despertado por la noche cada hora, sin ningún tipo de objeto…Por otra parte, las visitas del médico de la prisión son breves y muy aisladas, limitándose a proporcionarle una apreciable cantidad de pastillas.

A petición del propio preso, este régimen se va relajando y, finalmente, Miguel Ángel sale del programa anti-suicidio. Inmediatamente es sancionado y ingresado en una celda de aislamiento, en la que aparecerá ahorcado el 28 de abril. Cuando los funcionarios descubren el cuerpo, el médico de la prisión no está y los funcionarios no saben utilizar una botella de oxígeno.

Días después, diversos colectivos sociales se manifestaron frente a la sede del juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza, a quien consideraron responsable de la muerte de Miguel Ángel. Por orden del Juez, la policía tomó los datos de varias de las personas que se habían concentrado, una de las cuales, María Barquera, fue acusada de injurias al magistrado y para la que el fiscal solicitó una pena de cuatro meses-multa. Finalmente María Barquera fue sancionada con una multa de treinta mil pesetas.

MP-4 A mediados de junio de 1996, JUAN CARLOS MARCHENA LLAMAS, enfermo terminal y con incapacidad de motricidad en las piernas es ingresado en el módulo 2 ("reincidentes y conflictivos") de la prisión de CÓRDOBA, donde se evidencia la incapacidad que padece, pero el médico de la cárcel cordobesa, tras examinar el expediente médico que acompañaba al preso en la conducción, apoya la tesis de que Juan Carlos "se inventa la enfermedad". En la noche del 21 de junio, el preso que comparte celda con Juan Carlos Marchena, ante el agravamiento del estado físico y psíquico de este, pidió urgentemente la presencia de un médico, éste, por teléfono, ordenó que se le administrase una tranquilizante "para que duerma bien ésta noche y mañana por la mañana le veo… porque lo que pasa es que se atiborra de drogas".

Esa misma noche, Juan Carlos Marchena entra en coma, con fiebre superior a 40 grados. Hasta las 12 de la mañana no lo sacan de la cárcel al hospital. Nunca se recuperaría del coma. Los compañeros de Marchena denunciaron lo ocurrido. El Juzgado de Instrucción nº 3 de Córdoba archivó la causa tras llamar a declarar al médico de la prisión.

MP-5 En el verano de 1996, RAMÓN GARCÍA se ahorcó en su celda del módulo 2 de la cárcel de CÓRDOBA, pocas horas después de haber reingresado y cuando se encontraba en pleno síndrome de abstinencia por consumo de heroína. Según varios presos de las celdas contiguas estuvo intentando convencer al médico para que le diera psicotrópicos. Cuando los presos se dieron cuenta de lo que ocurría solicitaron la presencia de los funcionarios. Nadie acudió a estas llamadas de auxilio. Las denuncias de los presos nunca fueron contestadas por los juzgados cordobeses.

MP-6 El 13 de agosto de 1996, MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ, se suicidó en la cárcel de NANCLARES DE OCA (Álava)

Ángeles Fernández había intentado reiteradamente suicidarse, tres veces en el último mes antes de conseguirlo, según consta en el expediente psiquiátrico de la misma. Por todas estas circunstancias, los psiquiatras habían solicitado su traslado a un hospital, así como aconsejaban que a esta presa "hay que ponerle límites, sin agresión física o psíquica, tratarla con respeto. Lo contrario es conducirla activamente al suicidio". Pese a esta solicitud y consejos, los responsables de la prisión optaron por levantar las medidas de seguimiento anti-suicidios que se venían aplicando.

Tras la muerte de Ángeles Fernández, la Asociación Salhaketa formuló una denuncia contra los responsables de la prisión. Dicha denuncia fue archivada, primero por la jueza de Vigilancia penitenciaria, que entendía que Ángeles Fernández "no estaba en peligro manifiesto y grave" y, finalmente, por la Audiencia Provincial de Vitoria.

MP-7 El 20 de septiembre de 1996, moría en la cárcel provincial de SORIA JUAN FRANCISCO GARCIA RODRÍGUEZ, víctima de un infarto de miocardio.

El día anterior, Juan Francisco acudió a la enfermería alegando que en los días anteriores había sentido un dolor brusco entre el hemitórax izquierdo y el epigastrio. Los médicos diagnosticaron una distensión abdominal causada por gases, a pesar de lo cual, le suministraron una pastilla de cafinitrina, medicamento específico para las crisis cardiacas.

Juan Francisco regresó a su celda, donde, por la noche, fue encerrado solo, falleciendo esa misma noche a consecuencia de una trombosis coronaria izquierda obliterante con isquemia miocárdica, un ataque que le impidió acceder a la pastilla de cafinitrina.

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Soria archivó el 28/11/96 la causa incoada por la muerte. Posteriormente, a instancias de la viuda de Juan Francisco García, se reabrió la investigación por presunta negligencia en el tratamiento dado al preso, siendo archivadas las actuaciones definitivamente el 31 de diciembre de 1997.

MP-8 El 19 de abril de 1997, ENRIQUE PÉREZ FLORIDO murió en la prisión de SEVILLA II tras 7 años preso. Desde hacía tiempo venía sufriendo frecuentes dolores de cabeza y, en ocasiones, sangraba por la nariz. El médico de la prisión le manifestó que la causa de esto "era de nacimiento y no tiene cura".

El 18 de abril se sintió mal y solicitó acudir al médico. El funcionario que recibe la petición le manifiesta que "no lo considera oportuno y que se apunte por la mañana para que lo vea". Al empeorar su estado es trasladado a la enfermería de la Unidad de Cumplimiento de la prisión desde donde es devuelto a su módulo sin tomar medida alguna. Esa noche su estado vuelve a empeorar y, pese a las reiteradas llamadas de los presos de celdas cercanas, ningún funcionario o médico acude en su auxilio. Al día siguiente murió en su celda sin haber recibido auxilio.

Los presos formulan denuncias ante los Juzgados de Sevilla. Una de ellas recae en el juzgado de Instrucción nº 4 de Sevilla donde no se efectúa diligencia de investigación alguna excepto la autopsia. La segunda, firmada por 48 presos, no recibe contestación.

MP-9 El 6 de junio de 1997, FRANCISCO CORTÉS MORENO, se ahorcó en el celular de la cárcel de CÓRDOBA donde había tenido problemas con otros presos por asuntos de drogas. Francisco Cortés se acogió al régimen de protección para evitar agresiones de otros presos. Ingresado en el celular, al parecer fue presionado por los funcionarios para que delatara a los internos que le amenazaban.

El Juzgado de Instrucción nº 7 de Córdoba archivó la causa tras tomar declaración a dos funcionarios. La familia negó tajántemente la versión del suicidio.

MP-10 El 12 de Julio de 1997 se ahorca en la cárcel madrileña CARABANCHEL de, tres días después de haber ingresado, FERNANDO HERMOSO RUIZ.

El 9 del mismo mes, Fernando Hermoso había sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 4 de Alcobendas (Madrid) como autor de diversos delitos. Durante su declaración ante la titular del juzgado, Josefa Bustos Manjón, el letrado defensor insiste en el precario estado de salud física y psíquica del detenido (presenta una amputación en la pierna izquierda que se ha gangrenado y presenta fuerte olor, así como una fuerte depresión por su dependencia de las drogas y situación familiar - acaba de perder la custodia de su único hijo) y solicita que Fernando Hermoso sea ingresado en un centro hospitalario. La magistrada rechaza esta solicitud y decreta el ingreso en prisión del detenido que tenía pendiente una orden de busca y captura por otro Juzgado. Tres días después Fernando Hermoso aparece ahorcado en su celda.

El abogado defensor de Fernando Hermoso formuló, entonces, una denuncia contra la titular del Juzgado por falsedad en el acta de declaración de su defendido, en la que no estuvo presente el secretario judicial. El 14 de julio, dos días después de la muerte de Fernando Hermoso, el juzgado reconoce esta situación y señala nuevo día y hora para repetir la declaración. En octubre de ese mismo año, el abogado defensor formuló una queja contra la magistrada Josefa bustos ante el Consejo del Poder Judicial.

MP-11 El 2 de septiembre de 1997, en la cárcel zaragozana de TORRERO, fallecía ENRIQUE MUR ZUBILLAGA que cumplía pena en segundo grado por insumisión, y a quien faltaba un mes para cumplir la pena impuesta.

Sobre las 2.15 horas de la madrugada, Enrique Mur cayó de la litera en que dormía presa de violentas convulsiones y de vómitos. Con anterioridad, esa noche ya había vomitado varias veces sin que sus compañeros de celda dieran importancia a lo que le ocurría. Inmediatamente el compañero de celda de Enrique Avisó a los funcionarios de guardia y les pidió que avisaran a una ambulancia para trasladarlo a un hospital. El funcionario, sin embargo, avisó al jefe de servicios de guardia y, éste, avisó al médico de la prisión que, por residir fuera de ella, no llegó a la cárcel hasta 3,20 horas.

Esperando la llegada del médico, los compañeros de Enrique intentaron atenderle y, cuando perdió el pulso, reanimarlo, sin que los funcionarios presentes hicieran nada para ayudarlos, hasta que, a la vista de la tardanza del médico, a las 3 de la mañana, se avisaba a los bomberos.

Cuando estos se disponían a trasladar a Enrique Mur al Hospital, los funcionarios en un exceso de celo y a pesar de la urgencia, procedieron a tomar las huellas de Enrique Mur, aún cuando Enrique ya no daba señales de vida, como indicaron los bomberos que, durante el traslado al hospital, intentaron nuevamente reanimarle: Enrique Mur presentaba parada cardiaca desde media hora antes de salir de la prisión. Cuando llegó al hospital, los médicos sólo pudieron certificar su fallecimiento.

Tras la denuncia de la familia y compañeros de Enrique Mur, un Juzgado de Zaragoza ha abierto causa penal contra el director y jefe de servicios de guardia de la prisión por omisión del deber de socorro, que fue definitivamente archivada a primeros de 1998 por la Audiencia Provincial zaragozana.

MP-13 El 14 de noviembre de 1997, moría en la cárcel asturiana de VILLABONA, el preso GUILLERMO VIÑAMBRES OCEJO , víctima de sida al que se había denegado la libertad provisional.

Aunque aún le quedaba poco más de un año para obtener la libertad condicional de la pena que tenía impuesta, en junio de 1997, la familia y la organización Salhateka, ante la gravedad de la enfermedad que padecía, solicitaron el traslado del preso desde la cárcel asturiana a un hospital en Euskadi, donde residía la familia, que optó por seguir esta vía y no solicitar su libertad conforme al artículo 92 del Código Penal, (antiguo artículo 60, que preveía la excarcelación de presos que padecen enfermedades graves e incurables) al creer que ésta sería más rápida. A las numerosas solicitudes en este sentido, se unió la efectuada por la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno Vasco y otras organizaciones. Todas estas solicitudes quedaron sin respuesta.

En noviembre, una abogada logró enterarse que Instituciones Penitenciarias denegaba el traslado al considerar que Guillermo Viñambres evolucionaba favorablemente. Días después, la madre de Guillermo recibía una llamada telefónica en la que se le comunicaba que su hijo había muerto en un hospital de Oviedo.