Evolución durante los años 1996/97 
de las causas por torturas 
contra agentes de la Guardia Civil





GC-A1		En marzo de 1996, quince años después de las torturas 
sufridas por siete vecinos de la localidad vizcaína de Amorebieta (JUAN JOSÉ 
LARRINAGA, JON URRUTIA, FERNANDO IRACULIS, ERNESTO ALBERDI, 
ROBERTO ZABALA, JUAN LUIS IRACULIS y AGUSTÍN GUISASOLA) en el 
cuartel de La Salve de Bilbao, la sección Segunda e la Audiencia Provincial de 
Bilbao, suspendía nuevamente, por defectos de forma, el juicio oral  contra diez 
de los miembros de la Guardia Civil que participaron en dichas torturas: LUCIO 
DE SOSA ROBLEDO, JOSÉ GARCÍA MALDONADO, JOSÉ VÁZQUEZ 
DOMÍNGUEZ, FELIPE MATEOS ROBLES, ANTONIO BELTRÁN 
ALCÁNTARA, PAULINO SANTOS CAMPAÑA, JULIÁN GONZÁLEZ 
POMARES, ANTONIO BAILO ROCHE, ANTONIO AIREAS CARNERO y 
ANTONIO TOCÓN DÍEZ .  

El 19 de noviembre de 1980, fueron detenidos por la Guardia Civil en sus domicilio 
Ernesto Alberdi, Jon Urrutia, Juan José Larrinaga, Roberto Zabala y Fernando Iraculis. Diez 
días después eran detenidos Juan Luis Iraculis y Agustín Guisasola. Todos ellos acusados de 
pertenencia a ETA. Trasladados al cuartel de La Salve fueron objeto de golpes por todo el 
cuerpo, y de las técnicas de tortura denominadas "La bañera" y "La bolsa", así como objeto de 
amenazas sobre ellos y sus familias. 
La causa iniciada tras la querella presentada por familiares de los detenidos estuvo 
varios años paralizada al pretender que fuesen los tribunales militares quien investigasen lo 
ocurrido, y hasta diciembre de 1982 la causa no llegó a los tribunales ordinarios. En octubre de 
1990 el sumario se transformó en procedimiento abreviado en virtud de la reforma de la ley de 
enjuiciamiento criminal. 


GC-A2		El Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia 
Nacional decretó el procesamiento del general de la Guardia Civil ENRIQUE 
RODRÍGUEZ GALINDO, el teniente PEDRO GÓMEZ NIETO, los ex agentes 
ENRIQUE DORADO VILLALOBOS y FELIPE BAYO LEAL, el ex Gobernador 
Civil de Guipúzcoa JULEN ELGORRIAGA, el ex Secretario de Estado para la 
Seguridad RAFAEL VERA y el abogado del Ministerio del Interior Jorge Argote 
como responsables del secuestro, torturas y asesinato de JOSÉ ANTONIO 
LASA y JOSÉ IGNACIO ZABALA, dos jóvenes vascos refugiados en Francia 
que desaparecieron en octubre de 1983 y cuyos cadáveres fueron 
identificados, finalmente, a primeros de año. Posteriormente se levantó el 
procesamiento de Pedro Gómez Nieto. Igualmente fue procesado el capitán 
ÁNGEL VAQUERO que habría dirigido y supervisado "la operación", siempre 
bajo la dirección de Rodríguez Galindo. Todas estas resoluciones han sido 
confirmadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
	También fueron inculpados, y en esta condición prestaron declaración, el 
comandante FIDEL DEL HOYO CEPEDA  y el comandante ÁNGEL ALBA 
COCA. El Juzgado decretó su libertad provisional bajo fianza de 5 y 15 
millones de pesetas, respectivamente. Sin embargo estos dos mandos de la 
Guardia Civil no fueron finalmente procesados pese a aceptarse que tuvieron 
conocimiento de la detención de Lasa y Zabala, pero este delito ya habría 
prescrito
	Por otra parte, investigaciones periodísticas, han relacionado con este 
caso a los guardias civiles JOSÉ ROMERO, "El Moro", que habría participado 
junto a Dorado y Leal en el secuestro de los dos jóvenes, Sin embargo este 
agentes no han sido formalmente inculpados en la causa abierta en la 
Audiencia Nacional. 
	La decisión de levantar el procesamiento de Gómez nieto se tomó al 
negar el Gobierno la existencia de documentos internos del CESID relativos al 
asesinato de Lasa y Zabala y en los que se contienen datos fundamentales 
para el total esclarecimiento de este caso, alguno de los cuales han sido 
publicados por los medios de comunicación y varios obran por fotocopia unidos 
al sumario correspondiente. Uno de ellos es una escrito manuscrito que ha sido 
atribuido al propio Gómez Nieto y dirigido al entonces jefe de la agrupación 
Operativa del CESID, JUAN ALBERTO PEROTE. Pedro Gómez Nieto se ha 
negado reiteradamente a efectuar una prueba pericial calígrafa para acreditar si 
es el autor del citado texto.
La Asociación Contra la Tortura ejerce la acusación popular en esta 
causa, que se encuentra pendiente de resolver diferentes incidentes antes de 
señalar fecha para la celebración del juicio oral.

	José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, fueron secuestrados en Bayona (Francia, en 
octubre de 1983, en la que fue la primera acción, no reivindicada de los GAL, por miembros de 
la Guardia Civil, entre los que se encontraban Enrique Dorado y Felipe Bayo, y trasladados al 
palacio de "Las Cumbres" en San Sebastián y propiedad del Ministerio del Interior y actual 
residencia del Gobernador Civil de Guipúzcoa.
	En esta residencia fueron torturados durante varios días para arrancarles información 
sobre otros refugiados vascos en Francia que, como MIGUEL GOIKOETXEA, serían 
asesinados posteriormente en atentados reivindicados por los GAL. Durante el tiempo en que 
estuvieron en la residencia de Las Cumbres fueron visitados, en varias ocasiones por el 
entonces coronel Enrique Rodríguez Galindo y el Gobernador Civil Julen Elgorriaga, que 
siempre acudieron encapuchados para no ser reconocidos. Ante el lamentable estado en que 
se encontraban los jóvenes Lasa y Zabala después de las sesiones de tortura sufridas, Galindo 
ordenó su traslado a la provincia de Alicante, donde serían asesinados.
	 En fechas posteriores, fueron trasladados a la localidad de Busot (Alicante) por varios 
guardias civiles, entre ellos Enrique Dorado, Felipe Bayo y Pedro Gómez Nieto. Allí, en un 
descampado, fueron obligados a cavar una fosa y fueron asesinados de sendos disparos en la 
cabeza, tras arrojarles a la fosa fueron cubiertos con cincuenta kilos de cal viva para hacer 
desaparecer los restos.
	En 1984, una llamada anónima a un periódico alicantino reivindicó para los GAL el 
secuestro y asesinato de Lasa y Zabala, Esta llamada no mereció atención alguna por parte de 
los responsables del Ministerio del Interior.  Un año después, en 1985, aparecieron los dos 
cadáveres, pero no fueron identificados hasta enero de 1995.


GC-A3		La Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó la 
sentencia de la Audiencia Provincial de San Sebastián por la que tres guardias 
civiles, EMILIO MARIÑO MARTÍN, CARLOS PRIETO BRAGADO e ISIDRO 
MARTÍNEZ VILLOTA fueron condenados  a penas de dos meses de arresto y 
otros dos de suspensión, para cada uno de ellos, por un delito de malos tratos 
en 1982 a JUAN CARLOS GARMENDIA IRAZUSTA. La Audiencia impuso las 
penas en su mínimo grado alegando que habían transcurrido más de diez años 
desde los hechos Juzgados.  La misma sentencia absolvía a otros dos guardias 
civiles, también procesados, JOSÉ PÉREZ NAVARRETE y JUAN CARLOS 
RECAJ MIGUEL , si bien uno de los Magistrados emitió un voto particular por 
el que se condenaba a los cinco guardias civiles.  
La levedad de las penas fue argumentada en el largo tiempo transcurrido 
desde que ocurrieron los hechos. Este mismo argumento fue utilizado por el 
Tribunal en una primera sentencia para absolver a los cinco agentes 
reseñados; en aquella ocasión la Audiencia Tribunal de San Sebastián alegó la 
prescripción de los posibles delitos. Sin embargo la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo rechazó esta pretensión y ordenó a la Audiencia guipuzcoana dictar 
una nueva sentencia en base a los hechos declarados probados. La nueva 
sentencia fue apelada y el Alto Tribunal la ha confirmado.

	Juan Carlos Garmendia fue detenido el 18 de agosto de 1982 en Ordicia (Guipúzcoa) 
acusado de pertenencia a banda armada. Permaneció incomunicado en el cuartel del Antiguo 
hasta el 25 del mismo mes, siendo torturado por los agentes que le custodiaban: una patada 
propinada por Martínez Villota le produjo la rotura de la nariz; igualmente sufrió descargas 
eléctricas, le fue colocada una bolsa de plástico en la cabeza que le impedía respirar, etc... 
Según su denuncia, también fue golpeado por otros guardias civiles, que no pudo identificar y 
que no fueron Juzgados. 


GC-A4		En diciembre de 1996, la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo confirmaba la sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao por la 
que se condenaba a penas de seis meses de arresto e inhabilitación de 26 
años a dos agentes de la Guardia Civil, GUILLERMO LÓPEZ FERNÁNDEZ y 
ANTONIO SANTAMARÍA LINUESA por las torturas infligidas en noviembre de 
1984 a LOLI BARRENETXEA y JASONE SANCHEZ.

	Loli Barrenetxea y Jasone Sánchez permanecieron detenidas durante tres días en el 
cuartel de La Salve, Bilbao, bajo la acusación de colaborar con banda armada. Durante estos 
días fueron objeto de torturas por diversos agentes de la guardia Civil no identificados y que 
fueron permitidas por los agentes ahora condenados, López Fernández y Santamaría Linuesa, 
que actuaron como secretario e instructor del atestado levantado. 
Durante su estancia en el cuartel de la Salve, ambas detenidas fueron objeto de varios 
interrogatorios sin presencia de letrado y con el fin de obtener información fueron golpeadas en 
diversas partes de su cuerpo, lo que provocó que Barrenetxea tuviese que ser trasladada a un 
hospital.
Durante el primer juicio celebrado en la Audiencia Provincial vizcaína, el médico 
forense de la Audiencia Nacional Rafael Garrido Lestache  pretendió que las lesiones sufridas 
por las detenidas no habían sido causadas por las torturas infligidas. Este testimonio no fue 
estimado ni por el Tribunal bilbaíno ni por el Tribunal Supremo


GC-A5		El Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia 
Nacional continúa la investigación de los cuatro primeros asesinatos 
reivindicados por los GAL y cometidos a finales de 1984 y principios de 1985. 
En concreto, se investigan los asesinatos por miembros de los Gal y  en 1984, 
de RAMÓN OÑEDERRA, en Bayona, VICENTE PERURENA y ÁNGEL 
GURMINDO, en Hendaya, y CHRISTIAN OLASKOAGA, en Biriatou (en este 
ultimo atentado también resultó herido CLAUDE  OLASKOAGA). 

	El sumario estuvo declarado secreto durante dos años y en el mismo se encuentran 
inculpados en el mismo, JOSÉ LUIS CORCUERA, ex Ministro de Interior, RAFAEL VERA 
FERNÁNDEZ-HUIDOBRO, ex Secretario de Estado para la Seguridad,  LUIS ROLDÁN, 
General de la Guardia Civil y ex Director General de la misma entre 1983 y 1986, ANDRÉS 
CASINELLO, General de la Guardia Civil y ex jefe del Estado Mayor de la Benemérita, 
ENRIQUE RODRÍGUEZ GALINDO, Ex Jefe del cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián y 
recientemente ascendido a General de la Guardia Civil, JOSÉ ALBERTO PEROTE, coronel del 
Ejército y ex Jefe de la Agrupación de Operaciones de la CESID, los miembros de la Guardia 
Civil PEDRO GÓMEZ NIETO, FELIPE BAYO LEAL, ENRIQUE DORADO VILLALOBOS , y el 
abogado JORGE ARGOTE, habitual defensor de guardias civiles y policías nacionales 
acusados de tortura. También fue, en su momento inculpado el ex Director General de la 
Guardia Civil, JOSÉ A. SÁENZ DE SANTAMARÍA, si bien posteriormente el Juzgado dejó sin 
efecto esta inculpación.


GC-A6		En enero de 1997, la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Bilbao suspendió el juicio señalado contra cinco agentes de la 
Guardia Civil J.M.S.V., J.A.M.C., F.G.S., A.B.M. y J.B.C. para los se solicita un 
total de treinta años de prisión como responsables de las torturas sufridas en el 
cuartel de La Salve por J. D. R. en septiembre de 1985. El Juicio ha sido 
señalado nuevamente para finales de noviembre del presente año.

	Los hechos que serán Juzgados ocurrieron el 1 de septiembre de 1985, cuando 
efectivos del Servicio de Información del Cuartel de La Salve de Bilbao detuvieron en 
Baracaldo a J. D. R. quien, después de la detención, fue trasladado a un descampado donde 
fue sometido a golpes, amenazas y vejaciones, que se repitieron nuevamente en las 
dependencias policiales. Por estos hechos las acusaciones solicitan penas de seis años de 
prisión para cada uno de los agentes.
	Los agentes J.M.S.V. y  J.A.M.C., además, han sido acusados por haber falsificado la 
firma de dos testigos en el acta de registro efectuado en el domicilio del detenido: Tras la 
detención se efectuó un registro en el que si estuvieron presentes los dos testigos, pero 
finalizado este registro y firmado el acta correspondiente, el agente J.M.S.V., con el 
consentimiento del agente J.A.M.C. que actuaba como secretario, levantó otro acta distinta en 
el que imitó la firma de los dos testigos, que ya no se encontraban presentes .Por esta 
falsificación el Fiscal solicita penas de nueve años de prisión para cada uno de estos dos 
agentes.


GC-A7		Tras la reapertura, por el Juzgado de Instrucción nº 1 de 
San Sebastián, de la causa seguida por la muerte de MIKEL ZABALZA en 
noviembre de 1985, y tras su paso por el cuartel de la Guardia Civil de 
Intxaurrondo, continúa la investigación de las circunstancias en que se produjo 
ésta y de las personas que participaron en la misma. Un reciente informe del 
Instituto Nacional de Toxicología ha negado que hubiera muerto ahogado en 
las aguas del río Bidasoa según pretendía la versión oficial.
	Investigaciones periodísticas, que están siendo ratificadas por la 
investigación judicial, han aportado pruebas de que Zabalza murió en el Cuartel 
de Intxaurrondo (San Sebastián) mientras varios guardias civiles, entre los que 
se encontraban ENRIQUE DORADO VILLALOBOS, que fue quien sumergía la 
cabeza del detenido en el agua; FELIPE BAYO LEAL, LUIS SANDOVAL 
CAMPOS y FRANCISCO JAVIER MILLÁN  PÉREZ, le torturaban por el 
método conocido como "la bañera" . Tras la muerte de Zabalza, con el 
consentimiento del entonces máximo responsable del Cuartel, ENRIQUE 
RODRÍGUEZ GALINDO y de miembros de la cúpula del Ministerio del Interior, 
se prepararon y falsificaron pruebas para evitar la actuación de los tribunales.

	Mikel Zabalza era conductor de autobuses urbanos de San Sebastián y fue detenido 
por agentes de la Guardia Civil por presunta colaboración con ETA. Junto a él fueron detenidas 
varias personas, entre ellas su novia IDOIA AJERDI, MANUEL VIZCAY y JON ARRETXE, 
todos ellos denunciaron haber sido torturados en el cuartel de Intxaurrondo, pero sus 
denuncias no prosperaron.
	Tras la muerte de Zabalza se prepararon y falsificaron pruebas, en una reunión 
efectuada en el mismo cuartel y en la que participaron, además de los ya citados y entre otros, 
los siguientes miembros de la Guardia Civil:  FRANCISCO HERMIDA BOUZA, FABIÁN 
DORADO VILLALOBOS, FRANCISCO JAVIER OLIVAR, JOSÉ RANCAÑO FERNÁNDEZ, 
GONZALO PÉREZ GARCÍA, ARTURO ESPEJO VALERO, FERNANDO CASTAÑEDA VALS, 
ANÍBAL RODRÍGUEZ CHINEA, ALFONSO VICARÍA HEVIA, ALEJANDRO IGLESIAS 
BLANCO, FIDEL DEL HOYO CEPEDA, un cabo apellidado BALBAS y el abogado del 
ministerio del Interior JORGE ARGOTE. En esta reunión se acordó la versión oficial, según la 
cual, Mikel Zabalza fue trasladado por los tenientes de la Guardia Civil Arturo Espejo, 
Gonzalo Pérez  y por el guardia Fernando Castañeda a las cercanías del río Bidasoa para 
localizar un "zulo" donde habría armas pertenecientes a ETA. En un momento dado, Mikel 
Zabalza, que llevaba las manos esposadas a la espalda y que no sabía nadar, agredió a los 
agentes y se arrojó al río Bidasoa, ahogándose en su intento de huir de los guardias civiles.
	Para hacer creíble esta versión, un guardia civil, que era ATS, EDUARDO GÓMEZ 
PASTRANA inyectó con una jeringuilla agua procedente del río Bidasoa en el pulmón de 
Zabalza. El cadáver de este permaneció varios días, y custodiado por agentes de la 
Benemérita, en una bañera del cuartel llena con agua del Bidasoa. veinte días después su 
cadáver fue arrojado al río donde fue "localizado" por miembros de la guardia Civil, en un lugar 
que había sido rastreado reiteradamente con anterioridad por miembros de la Cruz Roja. 
Actualmente sólo se encuentran inculpados los tres agentes que, según la versión oficial, 
acompañaron a Zabalza al río Bidasoa.
	Un informe del CESID, elaborado por el sargento de la Guardia Civil PEDRO GÓMEZ 
NIETO y dirigido al entonces Jefe de Operaciones Especiales, coronel JUAN ALBERTO 
PEROTE, afirmaba que Zabalza murió mientras le hacían la bañera en las dependencias del 
Servicio de Información de la Guardia Civil de Intxaurrondo. Tras la muerte de Zabala, Enrique 
Rodríguez Galindo se puso en comunicación con el general CASINELLO, para darle cuenta de 
lo ocurrido. 
	La Asociación Contra la Tortura está personada en la causa abierta como acusación 
popular.


GC-A8		También, gracias a revelaciones de algunos medios de 
comunicación, la reapertura en 1995 de la investigación de la causa seguida 
por la muerte de LUCIA URIGOITIA, por disparos de agentes de la guardia civil 
en el verano de 1987, ha llevado a la inculpación en la misma, y como 
encubridores, del comandante de este cuerpo JOSÉ RAMÓN PINDADO 
MARTÍNEZ, los miembros del CESID, general EMILIO ALONSO MANGLANO, 
máximo responsable del espionaje español cuando ocurrieron los hechos, y del 
coronel del Ejército JUAN ANTONIO PEROTE, de RAFAEL VERA, ex 
secretario de Estado para la Seguridad, y del abogado JORGE ARGOTE, este 
último abogado habitual de agentes de la Guardia Civil acusados de tortura y 
asesinato.  Igualmente ha sido llamado a declarar, en calidad de inculpado, el 
ex Ministro de Interior JOSE BARRIONUEVO PEÑA, quien ha perdido la 
inmunidad parlamentaria tras ser condenado por el llamado “Caso Marey”. 
	Tras la reapertura de la causa por el Juzgado de Instrucción nº 1 de San 
Sebastián, fue desclasificado un documento secreto del CESID, número de 
referencia KA/5104 y de fecha 3 de noviembre de 1987, que indicaba: “Asunto 
Comando Donostia. En relación con la muerte de Lucía Urigoitia del comando 
Donosti se suscitó la célebre polémica del tiro en la nuca… Quedaba en 
entredicho la legalidad de la actuación de la Guardia Civil. Para evitar la 
actuación de los jueces se hicieron una serie de actividades que en esencia 
consistieron en CIR  en casa del juez, sustituyendo el proyectil por otro. 
Cambio de un cañón en el laboratorio de balística y manipulación de un 
chaleco antibalas. Estas actividades las hizo el capitán de la Guardia Civil 
destinado en los grupos especiales. Esta información parece que es conocida 
por el Presidente del Gobierno, ministro del Interior, Rafael Vera y alguna 
persona más”. Dicho documento va firmado por el entonces jefe de 
Operaciones Especiales Juan Alberto Perote.

	El 22 de julio de 1987, Lucía  Urigoitia murió por un disparo a bocajarro y en la nuca 
efectuado por un agente de la Guardia Civil que formaba parte de un grupo de este cuerpo que 
había asaltado la casa donde se encontraba Lucía Urigoitia para proceder a la detención de 
varios miembros de ETA. La versión oficial pretendió que Urigoitia murió en un intercambio de 
disparos, aunque el cadáver presentaba un disparo hecho a quemarropa. En 1990 la 
investigación judicial se archivó por falta de pruebas, siendo reabierta en 1995 después de que  
LUIS ROLDÁN, ex Director General de la Guardia Civil declarase que la versión oficial era un 
montaje.
	Tras la apertura de la causa y poco después de practicar la autopsia al cadáver de 
Urigoitia, uno de los médicos forenses que participó en la misma, también denunció ante el 
Juzgado de Guardia que personas desconocidas habían entrado en su clínica y efectuado un 
registro en busca de documentación.


GC-A9		Un juez de los Estados Unidos de América, Lawrence King, 
paralizó la extradición a España de RAMÓN ALDASORO, bajo la acusación de 
pertenencia a banda armada. El magistrado estimó que las acusaciones que 
contra Aldasoro habían efectuado otras personas detenidas en 1989 lo habían 
sido bajo torturas.
	Estas acusaciones habían sido realizadas por JUAN CARLOS ARRUTI 
AZPITART, IGNACIO FERNANDEZ DE LARRINO y PILAR LOPEZ DE 
LAZURRIAGA en septiembre de 1989 después de haber sido detenidos bajo la 
acusación de pertenencia al comando “Araba” de ETA, todos ellos al ser 
puestos a disposición de la Audiencia nacional denunciaron haber sido 
torturados en las dependencias de la Guardia Civil.
	La Fiscalía de la Audiencia Nacional niega estas acusaciones y se basa 
en los informes del médico forense de la propia Audiencia que niega estas 
torturas.

	El 16 de septiembre de 1989, agentes de la Guardia Civil dieron muerte en la autopista 
Bilbao - Behovia, en el peaje de Irún (Guipúzcoa) a los miembros de ETA JUAN OYARBIDE 
ARAMBURU (Txiribitas) y MANUEL URRIOBARRENETEXA BETANZOS (Manu) en un tiroteo 
en el que tres agentes resultaron heridos. En el mismo lugar fue detenido JUAN CARLOS 
ARRUTI AZPITARTE . Posteriormente agentes de la Benemérita detuvieron a 48 personas 
bajo la acusación de pertenencia a banda armada.
 Al menos 23 de ellas (JUAN CARLOS ARRUTI AZPITART, IGNACIO FERNANDEZ 
DE LARRINO, PILAR LOPEZ DE LAZURRIAGA, MIGUEL ARRONATEGUI BILBAO, JUAN 
MANUEL BIGURI, MARIÁN PARDO, LUCIA LARRAZABAL, JESUS URIARTE, ALEJANDRO 
ROS, CARLOS FACHAL, JOSU CAMACHO, JOSÉ ANTONIO MÚGICA, IGNACIO ITURRI, 
RAFAEL ETXABE, CARLOS TORRECILLA, MARÍA JESÚS BARRENETXEA, RAMÓN 
APERRIBAI, MANUEL GONZALEZ, BEGOÑA ARROYO, PEDRO AGINAKO, ESTEBAN 
BARREÑA, MIKEL OSA, ANGEL AGIRREATAZALDEI y JOSE MARÍA LETE) denunciaron 
haber sido objeto de torturas en su paso por las dependencias policiales, donde fueron objeto 
de golpes, la aplicación de la “bolsa”, electrodos… simulación de fusilamientos etc. 


GC-A10		El Juzgado central de Instrucción nº 5 de la Audiencia 
Nacional decretó el procesamiento del ex Ministro del Interior JOSÉ LUIS 
CORCUERA CUESTA, el Ex Secretario de Estado para la Seguridad RAFAEL 
VERA HUIDOBRO, el ex Director General de la Guardia Civil LUIS ROLDAN 
IBÁÑEZ y los agentes de la Guardia Civil PEDRO GÓMEZ NIETO, EUGENIO 
IGLESIAS BENAVENTE, JUAN BAUTISTA MORCILLO BORRALLO, 
FERNANDO OLEA GONZÁLEZ y CARLOS LUIS SÁNCHEZ MARTÍNEZ  
como responsables del secuestro y torturas de JESÚS CELA SEOANE el 30 de 
enero de 1990 en A Coruña así como por pertenencia a banda armada.
	Posteriormente la Sala Penal de la Audiencia Nacional dejó sin efecto el 
procesamiento por este último delito, pertenencia a banda armada, y ordenó la 
remisión de la causa a los Juzgados de A Coruña, donde se encuentran 
actualmente pendientes de señalamiento para juicio.

El 30 de enero de 1990 JESÚS CELA SEOANE, que acababa de abandonar la prisión 
tras cumplir la pena impuesta por pertenencia a los GRAPO, fue secuestrado y torturado en  A 
Coruña por unos individuos que en ningún momento se identificaron y que le interrogaron por 
los proyectos del GRAPO, cuyos presos, por entonces, llevaban a cabo una huelga de hambre 
contra las condiciones a que eran sometidos en las cárceles y por su reagrupamiento. Tras la 
denuncia, la causa se archivo por no conocerse la identidad de los autores.
Posteriormente, tras unas declaraciones del ex Director General de la Guardia Civil, 
Luis Roldán, se procedió a la reapertura de la denuncia formulada. En sus declaraciones, Luis 
Roldán aseguró que en aquellas fechas recibió, a través de Rafael Vera, un encargo del 
ministro José Luis Corcuera para formar un comando con agentes de la Guardia Civil  y 
secuestrar a Jesús Cela, militante de los GRAPO recientemente puesto en libertad. Luis 
Roldán formó dicho comando con los agentes de la Benemérita ahora procesados, y que 
formaban un grupo secreto a las órdenes directas de Roldán que luego fue conocido como 
“GRUPO OMEGA”, que se trasladaron a La Coruña donde secuestraron e interrogaron, 
durante nueve horas, a Cela Seoane quien recibió numerosos golpes y amenazas.
	La Asociación Contra la Tortura se ha personado en la causa como acción popular.


GC-A11		El Tribunal Supremo redujo de cuatro a un año de cárcel y 
mantuvo la inhabilitación de seis años impuesta en primera instancia por la 
Audiencia Provincial de Vizcaya a los agentes de la Guardia Civil, el capitán  
MANUEL SÁNCHEZ CORBI, el sargento JOSÉ MARÍA DE LAS CUEVAS 
CARRETERO y el agente ANTONIO LOZANO GARCÍA como autores de las 
torturas sufridas por KEPA URRA a finales de enero de 1992. El Fiscal, que 
inicialmente solicitaba la solicita la absolución de los agentes al entender que 
las lesiones que presentaba Urra eran consecuencia de la resistencia que 
ofreció en el momento de su detención, cambió sus posición en el acto del 
juicio oral y solicitó la condena de los agentes, posteriormente apeló la 
sentencia ante el Tribunal Supremo por entender que las penas impuestas, 
cuatro años de cárcel dos meses y un día para cada uno de los agentes, era 
desproporcionada e injusta.
	La sentencia, tanto en primera instancia como tras la casación, absolvió 
a los agentes ARTURO PRIETO BOZEC, ALEJANDRO HERNÁNDEZ 
MOSQUERA y DIEGO PÉREZ DE LOS COBOS  de los cargos por los que 
eran acusados. Respecto a Arturo Prieto estima que no “no hay prueba alguna 
que acredite que conociera o pudiera evitar que el detenido fuera objeto de 
malos tratos durante su estancia en el cuartel de la Salve. Respecto de los 
otros dos acusados la sentencia dice que tampoco ha quedado acreditado que 
los mismos, encargados de la custodia de Kepa Urra en el Hospital de Basurto, 
al que tuvo que se trasladado tras ser torturado en La Salve, hubieran 
ocasionado al detenido ningún tipo de agresión física o verbal.

	Kepa Urra fue detenido el 29 de enero de 1992, por su presunta militancia en el 
comando Vizcaya de ETA, y conducido al cuartel de la Guardia Civil de La Salve, en Bilbao. 
Este mismo día, Urra tuvo que ser ingresado en el hospital bilbaíno de Basurto   donde le 
fueron apreciados diversos hematomas en los párpados, muñecas, dorso de ambas manos, 
piernas (desde la rodilla al tobillo) etc. como consecuencia de las torturas a las que había sido 
sometido (golpes por todo el cuerpo, bolsa de plástico en la cabeza hasta producir asfixia, 
arrastres por el suelo... Lesiones todas ellas recogidas en el informe médico emitido a su 
ingreso en el hospital.
	Cuando Urra se encontraba en la habitación que le habían asignado en el hospital, 
recibió la "visita" de los que luego fueron identificados como un teniente y un número de la 
benemérita, los cuales procedieron a interrogarle mientras le golpeaban de nuevo. Una 
enfermera oyó los gritos proferidos por Urra avisando al médico de guardia, que acudió a la 
habitación y quien encontró a los agentes en la habitación y al detenido sangrando por la boca. 
tras un nuevo reconocimiento se apreciaron nuevas lesiones que no constaban en el primer 
parte emitido. este informe fue remitido ese mismo día al Juzgado de Guardia.


GC-A12		Cuatro años después, El Juzgado de Instrucción nº 6 de 
Bilbao imputaba formalmente como autores de las torturas sufridas JUAN 
RAMÓN ROJO , JAVIER ARRIAGA, FRANCISCO PALACIOS en febrero de 
1992 a ocho agentes de la Guardia Civil: ARTURO PRIETO BOZEC, DANIEL 
SIMÓN SANTAMARÍA, JUAN JOSÉ VILCHEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL 
SILVA SÁNCHEZ, PEDRO VASCÓN GUERRERO, JOSÉ MARÍA 
FERNÁNDEZ LUCIO, JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ MAIRAL y JOSÉ LUIS 
PÁRAMO DÍAZ. Juan Ramón Rojo, Javier Arriaga y Francisco Frutos fueron 
detenidos en la misma operación policial que Kepa Urra. El Juicio se celebrará 
a finales de 1998.

	El auto del Juzgado indicaba que el Centro Penitenciario Madrid-2 remitió varios 
informes médicos en los que se apreciaban lesiones traumáticas en los tres detenidos en el 
momento de su ingreso en prisión por orden de la Audiencia Nacional, e indica que de las 
diligencias practicadas se desprende que Juan Ramón Rojo, Javier Arriaga y Francisco 
Palacios fueron detenidos por la Benemérita y trasladados a las dependencias de este cuerpo 
en Bilbao y Madrid, así como que "durante la permanencia de los tres detenidos en las 
dependencias de la Guardia Civil y durante los traslados fueron objeto de malos tratos por los 
agentes policiales con la finalidad de obtener una confesión". Como resultado del trato recibido, 
los detenidos sufrieron "hemorragias, erosiones, esquimosis, hematomas, astralgias, 
cervicalgias, fracturas de costillas, escoriaciones, tumoraciones y cefalea".


GC-A13		Otras personas detenidas en aquella operación policial 
fueron JUANTXO TOBALINA y AITOR OLABARRIA, al igual que en el caso 
anterior  no fueron llamados a declarar ante los Juzgados hasta agosto de 
1995. Igualmente ratificaron haber sido torturados. Otras denuncias que se 
encuentran en trámite ante distintos Juzgados son las  presentadas por JOSU 
EGUSKIZA, y PAULA GARCÍA RODRÍGUEZ, también detenidas en la misma 
operación policial. 
Muchas de estas denuncias han sido tomadas en consideración en los 
sucesivos informes que el relator Contra la Tortura de la ONU. En su último 
informe, se recoge el caso de ENCARNACIÓN BLANCO ABAD, que ha 
agotado la vía ordinaria ante los Tribunales de Justicia españoles. Según el 
informe de la ONU, la denuncia de Encarnación Blanco no se investigó con 
prontitud e imparcialidad y que había elementos suficientes para haber llevado 
a cabo una investigación en profundidad. Tras éste informe, el Comité Contra la 
tortura de la ONU dio un plazo al Estado español de tres meses para adoptar 
medidas correctoras. No tenemos constancia de que se haya tomado medida 
alguna.

	Encarnación Blanco fue detenida en su domicilio junto a su esposo, Josu Eguskiza, 
también torturado, y permaneció incomunicada durante cinco días, durante los cuales sufrió la 
aplicación reiterada de descargas eléctricas con “una barra que me pasaban por el cuerpo y la 
que descargaba electricidad”, se le colocó, igualmente, una bolsa en la cabeza para producirle 
asfixia, sufrió un intento de violación por parte de agentes de la guardia Civil y fue golpeada 
con un objeto que cree eran listines de teléfonos.
	Además de los ya relacionados, fueron detenidos y denunciaron haber sido  torturados 
PEDRO LUIS CAZIGAL BECERRIL, IGNACIO BEREZIARTUA, JOSÉ MARÍA ARAZAMANDI, 
JON ARRIAGA GOIRIZELAIA, ITZIAR AMEZAGA, IMANOL ELORRIAGA, JAVIER 
GOROSTIZA, ÁNGELES LARREA, ALBERTO PAÚL LARREA, IGNACIO ZUGADI, JOSUNE 
ONAINDIA, JOSEBA BRINGAS PÉREZ, JOSÉ FÉLIX MARÍA, JOSÉ MARÍA AZPITARTE 
AIZPURUA, ROSA MARÍA ARANA TXAKARTEGUI, BEGOÑA EZKERRA, PEDRO MARÍA 
MONZO GOIKOLEA, RAMÓN ALAÑA, ANATXO MORANTE, JORGE MACARRÓN FUENTES, 
LAGUNDU SÁNCHEZ, MANUEL ALDEA DOMÍNGUEZ, ANA IRIARTE SANTACOLOMA, 
JASONE FUENTES REIZABAL, JOSU PRATS GARCÍA, DIONE UGALDE, JOSÉ ANTONIO 
DEL CERRO, IGNACIO URIARTE ZABALA y FRANCISCO ZABALA ETXEGARAI. También 
fue detenida, y denunció haber sufrido un trato vejatorio durante su detención, ITXASO 
SEVILLANO.
	Entre los métodos de tortura denunciados figuraban golpes por todo el cuerpo, 
especialmente en los órganos genitales,  las descargas eléctricas, simulacros de fusilamientos, 
bolsas de plástico en la cabeza que impedían la respiración y provocaban la asfixia, amenazas 
de violación a las mujeres detenidas, obligación a masturbarse a los detenidos ante los 
agentes, etc.
	De todos los detenidos, sólo once fueron juzgadas por la Audiencia Nacional en 
noviembre - diciembre de 1995: Jon Tobalina, Paula García, Javier Arriaga, Josu Eguskiza, 
Encarnación Blanco, Aitor Olabarría, Francisco Palacios, Francisco Zabala, Kepa Urra, Juan 
Ramón Rojo y Javier Martínez Izaguirre. La sentencia dictada por la Sección Segunda del 
Tribunal anuló las declaraciones de todos ellos prestadas ante la Guardia Civil por una "posible 
existencia de torturas" en el momento de la detención en base a que "existen abundantes 
manifestaciones, todas ellas detalladas, efectuadas no sólo por los procesados, sino también 
por parte de los testigos propuestos", pero basándose en las declaraciones de los mismas ante 
el Juzgado, les condena a penas de entre 7 y 20 años de cárcel por pertenencia o colaboración 
con banda armada. 


GC-A14		La Audiencia de Huelva condenó a dos guardias civiles 
SATURNINO LÓPEZ MELLADO, cabo primero, y JUAN PAVÓN PINTO, y a 
dos agentes de la policía municipal de la localidad onuvense de Hinojos, 
Nicolás Cabello Marqués  y Andrés Larios Moreno, a pena de seis meses y 
un día de prisión y diez días de arresto como autores de un delito y una falta de 
lesiones en las personas de JOJO D. y BOLOUMI T. el 7 de febrero de 1993.
	El Tribunal rebajó la pena solicitada por el fiscal y la acusación particular 
que habían solicitado penas de 4 años seis meses y un día de prisión y un 
arresto de 30 días por las mismas infracciones. Igualmente el tribunal absolvió 
a los acusados del delito de detención ilegal del que venían acusados así como 
también absolvió a los dos agentes municipales de otro delito de falsedad en 
documento oficial.

	Según el fallo de la Audiencia, el 7 de febrero de 1993, los ciudadanos argelinos Jojo 
D. y Moloumi T. llegaron a Hinojos para trabajar en la temporada de recogida de la fresa. tras 
protagonizar varios incidentes, al estar borrachos fueron detenidos por los policías municipales 
ahora condenados, quienes los trasladaron al cuartel de la Guardia Civil de la localidad y 
fueron golpeados con manos, patadas y porras. El Tribunal condena a los cuatro agentes como 
"coautores en comisión por omisión necesaria ... ya que ninguno impidió la agresión de sus 
compañeros y, además de golpear, más bien parece que se concertaron para propinarles una 
paliza" .


GC-A15		El Juzgado penal nº 2 de Pamplona, condenó en abril de 
1997, al teniente de la Guardia Civil FRANCISCO MOSCOSO SICARDO a la 
pena de un mes-multa como autor de una falta de lesiones en la persona de 
FRANCISCO BARANDALLA en la localidad navarra de Etxarri Aranatz  el 17 
de mayo de 1993.

	Los hechos Juzgados tuvieron lugar el 17 de mayo de 1993 en Etxarri Aranatz, donde 
tuvo lugar una manifestación en protesta por la muerte, días antes, de un preso vasco, PEIO 
MARIÑELARENA. En el transcurso de la protesta agentes de la Guardia Civil detuvieron a 
Patxi Barandalla. Durante el traslado de éste desde el lugar de la detención al cuartel de 
Altasua (Navarra), Patxi Barandalla fue golpeado con un objeto largo que le causó lesiones que 
fueron apreciadas por el médico forense. 
	Formulada la correspondiente denuncia, a la que se unieron los partes médicos, el 
Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona acordó el archivo de las actuaciones, sin embargo la 
Audiencia Navarra ordenó la reapertura de la misma y la identificación completa de los agentes 
que trasladaron al detenido hasta el cuartel de Altsasua.


GC-A16		La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca condenó al 
sargento de la Guardia Civil RAFAEL PRADO DURÁN a la pena de dieciocho 
meses de arresto y  trece años de suspensión en sus funciones como autor de 
tres delitos de tortura y cuatro de detención ilegal en las personas de CARMEN 
GÓMEZ MEDINILLA, ORLANDO CARBONERO MARTÍNEZ, JOSÉ CARLOS 
BALLESTEROS LÁZARO y ANDRÉS CASTILLO ALBERT en la noche del 8 al 
9 de junio de 1993 en la isla de Formentera.
	La misma sentencia absolvía a los agentes del mismo cuerpo policial  
PEDRO ORELLANA CRUZ, FRANCISCO JAVIER TERMENES GONZÁLEZ, 
JESÚS MANUEL SUAREZ PÉREZ y JOSÉ MARÍA MORALEDA 
ESCOLANO, de los delitos de tortura y detención ilegal por los que eran 
acusados por el Fiscal, que pedía para ellos penas de arresto e inhabilitación.

	Según la sentencia, en la madrugada del 8 al 9 de junio, el sargento Prado montó, con 
los además agentes acusados, un dispositivo policial al sospechar la llegada a Formentera de 
un barco con un alijo de drogas. Al ver salir a un coche del muelle pesquero, el sargento 
efectuó un disparo al aire sin que el vehículo se detuviese. Poco después apareció en el lugar 
un vehículo ocupado por Carmen Gómez, Orlando Carbonero y José Carlos Ballesteros. El 
sargento, vestido de paisano, les apuntó con una ametralladora y les obligó a subirse a un 
vehículo de la Policía local en el que fueron trasladados al Cuartel de la Guardia Civil. Allí, el 
sargento interrogó, entre golpes y amenazas, a los tres detenidos (en el caso de Carmen 
Gómez, el sargento le colocó la ametralladora entre las piernas, sacó una navaja y le dijo que 
“iba a sacarle la verdad y que no iba a salir viva si no cantaba”. Posteriormente llegó al cuartel 
el cuarto joven, que fue ingresado en los calabozos y golpeado por el sargento mientras le 
interrogaba por la droga.
Todos estos hechos fueron presenciados por los demás guardias civiles acusados y, 
pese a que nada hicieron por evitarlos o denunciarlos, fueron absueltos por el Tribunal


GC-A17		El Juzgado de Instrucción nº 1 de Valdemoro decretó el 
archivo de la causa seguida por las lesiones que agentes de la guardia Civil 
causaron a GUILLERMO VÁZQUEZ BAUTISTA en junio de 1993 cuando era 
trasladado desde la prisión de Valladolid a Valdemoro (Madrid)

	El 23 de junio, a su llegada a la prisión de Valdemoro, procedente de Villanubla   
(Valladolid) Guillermo Vázquez - que se encontraba preso por pertenencia  a los GRAPO y 
tenía que se operado en el antiguo Hospital Penitenciario de Madrid - fue esposado a la 
espalda. Al preguntar por el motivo de este trato, Guillermo Vázquez recibió un puñetazo en la 
cabeza, siendo obligado a entrar en el furgón donde se repitió la agresión. Poco después, se 
sumaron a la misma otros guardias civiles,  que  le  golpearon  con  porras,  puños  y  pies.  
Finalmente Guillermo Vázquez logró refugiarse en el recinto penitenciario, donde un funcionario 
de prisiones le permitió entrar y se hizo cargo del mismo. 	Cuando Guillermo Vázquez 
llegó al Hospital, la intervención programada tuvo que ser aplazada mientras se recuperaba de 
las lesiones sufridas.
	La Dirección General de la Guardia Civil acordó abrir una investigación interna tras la 
denuncia por malos tratos efectuada por GUILLERMO VÁZQUEZ BAUTISTA contra los 
miembros de dicho cuerpo. Posteriormente el Juzgado que investiga por su parte lo ocurrido, 
ha llamado a declarar a varios agentes de la Guardia Civil y acordó varias diligencias de 
reconocimiento para identificar a los autores de la agresión. Tras la celebración de la primera, 
en la que Vázquez reconoció a uno de los agentes que le golpearon, el Fiscal se opuso a la 
celebración de nuevas diligencias alegando que la actuación de los agentes no era constitutiva 
de infracción penal. Este recurso del fiscal ha paralizado la práctica de las diligencias para la 
identificación de los agresores.


GC-A18		Para fechas próximas está prevista la celebración del juicio 
Oral contra cuatro agentes de la Guardia Civil de Mejorada del Campo 
(Madrid), MANUEL RAMÓN ORTEGA GARCÍA, ANDRÉS FERNÁNDEZ 
ALMODOVAR, ANTONIO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ y LUIS SÁNCHEZ ORTIZ 
bajo la acusación de haber torturado en la madrugada del 22 de octubre de 
1993 a ANTONIO EMILIO AVILÉS VALDUEZA en el cuartel de la localidad 
madrileña.
	La Asociación Contra la Tortura, en el ejercicio de la Acción Popular, 
solicita penas de seis años de prisión para los tres primeros agentes y de seis 
meses para el cuarto de ellos, así como la inhabilitación por quince años para 
los cuatro agentes. El Fiscal rebaja esta petición a  cuatro años y tres meses de 
prisión y nueve años de inhabilitación, correlativamente.

	En la noche del 22 de octubre de 1993, dos agentes de la Guardia Civil acudieron a la 
nave propiedad de Antonio Avilés en Mejorada del Campo por una presunta infracción de 
tráfico. Al negar Antonio Avilés la acusación, los agentes, tras insultarle le detuvieron 
poniéndole las esposas a la espalda y le trasladaron al cuartel de la Guardia Civil, donde fue 
golpeado por, al menos, cinco guardias civiles que le propinaron golpes, patadas, etc.. por todo 
el cuerpo.
	A primeros de 1995, cuando el Juzgado no había efectuado aún ninguna diligencia de 
investigación, la Asociación Contra la Tortura presentó querella criminal contra todos y cada 
uno de los agentes destinados en la Guardia Civil de Mejorada del Campo. Tras esto, además 
de los agentes indicados declararon como inculpados cinco guardias civiles, entre ellos el 
teniente MANUEL MARTÍN VELASCO y el guardia civil JUAN CÁCERES ALCÓN. Todos ellos 
negaron los hechos aunque si reconocieron estar en el cuartel cuando Antonio Avilés estuvo en 
él detenido. 
	Por su parte, Manuel Martín manifestó que Antonio Avilés sólo había sufrido una 
pequeña lesión en el labio, producida al subir al vehículo todo terreno en el que fue trasladado 
al cuartel en calidad de detenido. Sin embargo, según los informes médicos aportados junto a 
la querella de la ACT, Antonio Avilés presentaba numerosas e importantes lesiones que fueron 
certificadas por varios médicos a los que acudió al ser puesto en libertad.
	El 16 de octubre de 1995, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Coslada decretó la libertad, 
previo pago de una fianza de trescientas mil pesetas, para los guardias civiles Manuel Ramón 
Ortega, Andrés Fernández y Antonio Domínguez, mientras mantenía la situación de libertad 
provisional para Luis Lara. Esta situación fue revocada días después por el Juzgado a 
instancias del Fiscal y el Abogado del Estado, manteniéndose la inculpación de los cuatros 
agentes que quedaron en situación de libertad provisional


GC-A19		El Tribunal Supremo modificó la sentencia dictada en 
primera instancia por la Audiencia Provincial de Ciudad Real y rebajaba a un 
año de prisión la pena inicialmente impuesta al guardia civil MANUEL 
JIMÉNEZ ROMERO de cuatro años dos meses y un día por haber torturado, el 
25 de marzo de 1994 y en la localidad de Alcázar de san Juan,  al ciudadano 
marroquí OOTMAN HAMMUDA. La sentencia justifica esta rebaja en que el 
guardia civil golpeó a un hombre esposado “tan sólo unos minutos” lo que junto 
a la entidad de las lesiones sufridas hace, en opinión del Tribunal, que las 
torturas infligidas no sean grave y la pena a imponer lo sea en su grado menor.

	El 25 de marzo de 1994, el agente ahora condenado citó en el cuartel de la Guardia 
Civil de Alcázar de San Juan, en que estaba destinado, a Ootman Hammuda para tomarle 
declaración sobre un incendio ocurrido en un bar. Cuando este se presentó en el cuartel, 
Manuel Jiménez le esposó con las manos a la espalda y golpeó “con una objeto contundente, 
romo, largo y no muy grueso (probablemente una porra) hasta que consiguió que realizara una 
declaración. A consecuencia de los golpes recibidos, Hammuda sufrió lesiones en un brazo y la 
espalda, tuvo que recibir tratamiento médico, pero pudo continuar su trabajo.


GC-A20		En diciembre de 1996, el Juzgado de Instrucción nº 2 de 
Torrijos (Toledo), a instancias del Ministerio Fiscal, archivaba la causa seguida 
por las torturas sufridas por LUIS RODRIGUEZ GONZÁLEZ y ANTONIO 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ por parte de agentes de la Guardia Civil del cuartel 
de Escalona en la madrugada del 15 de mayo de 1994, sin haber tomado 
declaración como denunciados a ninguno de los agentes. Previamente al 
archivo, prestaron declaración, como intervinientes en los hechos, los agentes 
de la Guardia Civil ROQUE RAMÓN GARCÍA CRESPO, JOSÉ A. GÁMEZ DE 
LAS HERAS y los agentes de la Policía local Carlos Gómez Fernández y 
Valentín González Monzón, que negaron las acusaciones. 
	Posteriormente el Juzgado Penal nº 2 de Toledo celebraba el juicio oral 
contra Luis Rodríguez y las dos personas que le acompañaban por un delito de 
atentado por el que habían sido denunciadas por los agentes, siendo 
condenados a la pena de un año de prisión. Durante la celebración de este 
Juicio, el letrado de la defensa de los acusados, JUAN MANUEL OLARIETA 
intentó demostrar que este atentado no se había producido y si, por el 
contrario, sus defendidos habían sido golpeados por los agentes y los partes 
del médico forense del Juzgado no se ajustaban a la realidad, como así se 
demostró con los partes del Hospital Virgen de la Salud, de Toledo, donde tuvo 
que ser ingresado. El titular del Juzgado, Rafael Cáncer Loma, interrumpió 
reiteradamente al letrado y le exigió que cambiase su línea de defensa, al 
rechazar el letrado esta posibilidad, el magistrado le impuso una multa de 
cincuenta mil pesetas por “desconsideración hacia los testigos”, todos ellos 
agentes de la Guardia Civil y de la policía Municipal de Escalona. 

	En la madrugada del 15 de mayo de 1994, cuando Luis y Antonio Rodríguez y José 
Luis del Pozo viajaban en un vehículo, propiedad de uno de ellos, agentes de la Guardia Civil y 
de la policía local de Escalona les dieron el alto y les obligaron a bajar del vehículo. Una vez 
fuera del mismo, un agente, con fuerte olor a alcohol en el aliento, pidió la documentación a 
Luis Rodríguez quien se la entregó y le pidió el número de placa. En ese momento, otro 
guardia civil, quitando la porra a un agente de la policía municipal, propinó a Luis Rodríguez un 
porrazo en la cara, cuando Rodríguez reaccionó para defenderse fue nuevamente agredido 
perdiendo el conocimiento. Inmediatamente, los agentes presentes detuvieron a Luis y Antonio 
Rodríguez así como a José Luis del pozo trasladándoles al cuartel de Escalona.
	Una vez en este, Luis Rodríguez fue introducido en una habitación separado de sus 
acompañantes. En dicha habitación penetraron varios guardias civiles, entre ellos el que le 
había agredido en el control y quien le dijo que “tenía que haberte matado”, respondiendo Luis 
Rodríguez “que era un cerdo”. Varios agentes presentes se abalanzaron, entonces, sobre Luis 
Rodríguez al que golpearon repetidamente con patadas y puños.
	Como consecuencia de esta agresión, Luis Rodríguez tuvo que ser intervenido 
quirúrgicamente al sufrir tres fracturas en la cara, una de ellas fractura del arco cigomático 
izquierdo, estando de baja 161 días. También Antonio Rodríguez fue golpeado con una porra 
por uno de los agentes resultando con seis hematomas.
	

GC-A21		A finales de 1996, la Sección Segunda de la Sala Penal de 
la Audiencia Nacional dictaba una sentencia en la que afirmaba sus sospechas 
de que agentes de la Guardia Civil pudieron haber torturado a JOSU UNISION 
e IGNACIO LOPEZ AGIRIANO durante su detención en junio de 1994 por su 
relación con banda armada. Esta sospecha hizo que el tribunal no tomase en 
cuenta las declaraciones prestadas por los detenidos en las dependencias 
policiales. Sin embargo, ambos fueron condenados en base a las declaraciones 
prestadas en el Juzgado.
	Posteriormente, en marzo de 1997, el Comité Contra la Tortura de las 
Naciones Unidas volvió a incluir en su informe sobre el Estado Español, los 
casos de torturas de varias de las personas detenidas en aquella operación 
policial. 

	Entre los días 2 de junio y 6 del mismo mes, se desencadena una amplia operación de 
la Guardia Civil en Guipúzcoa y Navarra y durante su transcurso fueron detenidas veintitrés 
personas por presunta relación con banda armada. De estas, catorce personas denunciaron 
haber sido torturadas en las dependencias policiales. Entre ellos: JOSÉ DOMINGO 
AIZPURUA , MANUEL INTXAUSPE BERGARA, detenido el día 2 de junio, JOSU UNSION 
PABOLLETA, JOSEBA KAMIO FUENTE  y JULIO PASCUAL DOMINGO, detenidos el día 3 
en Pasai Antxo (Guipúzcoa). El mismo día, pero en Pamplona, es detenida BELÉN AZPIROZ 
BAZTARRIKA. El 5 de junio lo fueron JAVIER PIKABEA AIZPURUA, RAMÓN URIBE 
NAVARRO, FRANCISCO LIZASO AZKONOBIETA  y ENCARNACIÓN MARTÍNEZ 
FERNÁNDEZ , detenidos en Usurbil (Guipúzcoa) y EUSEBIO MARÍA LASARTE BALERDI, 
detenido en Orio (Guipúzcoa). El día 6 es detenida en Oiartzun IGNACIO LÓPEZ AGIRIANO y 
el día 7, FIDELA GARCÍA BILBAO, en San Sebastián. De los detenido, únicamente seis 
ingresaron en prisión, diez fueron puestas en libertad sin pasar a disposición judicial, el resto 
quedó en libertad tras su paso por la Audiencia Nacional.
	Esta circunstancia y el estado en que se encontraban Ramón Uribe Navarro, Javier 
Pikabea y José Francisco Lisazo tras su paso por las dependencias de la Guardia Civil, obligó 
a la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles a ordenar la apertura de diligencias 
sobre las posibles torturas sufridas. Pese a las evidencias y los partes médicos existentes, que 
contradicen a los informes de los médicos forenses de la Audiencia Nacional, que niegan su 
existencia, estas diligencias fueron archivadas poco después. Ni el juez Baltasar Garzón, a 
cuya disposición pasaron los detenidos, ni el Fiscal encargado de la causa,  consideraron 
iniciar diligencias para esclarecer estas denuncias.
	Ya en 1996, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), dependiente del 
Consejo de Europa, hizo público el informe relativo a la visita urgente que miembros del mismo 
efectuaron a España entre el 10 y el 14 de junio de 1994 para entrevistarse con los detenidos 
que habían denunciando torturas. Este informe hecho público con el visto bueno del Gobierno 
español considera veraz y probado que la Guardia Civil torturó a los detenidos .


GC-A22		En febrero de 1997, El Tribunal Supremo portugués 
denegaba la extradición a España de JOSÉ LUIS TELLETXEA MAIA que era 
reclamado por la justicia española por pertenencia a banda armada en base a 
declaraciones ante la Guardia Civil de JOSU UNSIÓN PABOLLETA e IGNACIO 
LOPEZ AGIRIANO en junio de 1994. Declaraciones que fueron rechazadas por 
la propia Audiencia Nacional por su sospecha de que hubiesen sido obtenidas 
bajo tortura .

	Tras las detenciones producidas en Euskadi en junio de 1994, José Luis Telletxea huyó 
y se refugió en Portugal donde fue detenido el 5 de julio  de 1995. Al día siguiente fue puesto 
en libertad y continuó residiendo en el país vecino. El 30 de marzo de 1996, Telletxea fue 
detenido por la policía portuguesa bajo la acusación de portar documentación falsa y 
condenado a la pena de seis meses de prisión. Antes de cumplir esta pena, el gobierno 
español solicitó su extradición lo que provocó que las autoridades portuguesas prorrogasen la 
situación de prisión tres meses más para estudiar la petición española. Finalmente el máximo 
Tribunal portugués rechazó esta y Telletxea fue puesto en libertad. 


GC-A23		El Ministerio Fiscal, en el juicio celebrado en la Audiencia 
Provincial de Barcelona,  solicitó la pena de quince días de arresto y un año de 
suspensión para dos agentes de la Guardia Civil que golpearon, en la localidad 
barcelonesa de Malgrat de Mar a un adolescente de 15 años de edad tras 
haber cometido éste una infracción de tráfico.

	Según el relato del fiscal, en la noche del 30 de junio de 1994, los dos agentes 
interceptaron al joven cuando, después de dejar aparcado su ciclomotor, se dirigía a casa, 
obligándole a subir a un vehículo policial. El joven creía que iban a llevarle a su domicilio para 
buscar la documentación del ciclomotor, pero en lugar de esto, los agentes se dirigieron a un 
descampado donde le golpearon brutalmente para después volver a dejarlo en la misma calle 
en la que fue interceptado. 
	El joven, asustado, no denunció la agresión, pero posteriormente lo hizo cuando su 
padre se percató de que tenía dificultades para andar. Como consecuencia de la agresión, el 
joven sufrió hematomas en todo el cuerpo y, cuatro años después, sufre cefaleas y sensación 
de mareo. 


GC-A24		En febrero de 1996, el Juzgado de Instrucción nº 3 de 
Alicante, citó a juicio a varios guardias civiles acusados de un falta de lesiones 
a ANDONI CABELLO PÉREZ y FRANCISCO JOSÉ ROLLÁN RODRÍGUEZ 
cuando fueron trasladados junto a otros presos, el 1 de julio de 1994, desde la 
prisión de Alicante a la de Picassent. Esta Asociación desconoce el resultado 
del juicio celebrado.

	El 1 de julio de 1994, Antonio Cabello y Francisco Rollán, presos por pertenencia a 
banda armada,  junto a los presos sociales Jorge Solas Egea, Diego Carrillo Palomares y 
Antonio Luque Tamajón, fueron golpeados por miembros e la Guardia Civil cuando eran 
trasladados entre las cárceles de Alicante y Picassent. La agresión, que fue protagonizada por 
un cabo primero de la Benemérita y en la que participaron además otros agentes, se produjo 
cuando los presos estaban apoyados en una pared de la cárcel de Alicante para ser 
cacheados. Al llegar a la prisión de Picassent fueron reconocidos por el médico de la misma 
que emitió un parte en el que se recogían las lesiones sufridas.


GC-A25		La Audiencia Provincial de Barcelona absolvió, en 
noviembre de 1996, a los agentes de la Guardia Civil RAFAEL PICASSO 
MARCO y CARLOS SÁNCHEZ VILLAVERDE que habían sido acusados por 
el Fiscal como responsables de un delito de tortura con resultado de muerte en 
la persona de JORGE XIRUGUÉ el 19 de agosto de 1994. Igualmente les 
absolvió del delito de falsedad en documento publico del que igualmente eran 
acusados tras haber alterado el atestado en que daban cuenta de la detención 
de esta persona.
	El Fiscal solicitó penas de 21 años de prisión para Carlos Sánchez, y de 
9 años de cárcel para Rafael Picasso, por los delitos de homicidio y falsedad en 
documento oficial, el Tribunal absolvió a los agentes, aún reconociendo que 
habían golpeado a Jorge Xurigue. La sentencia ha sido apelada tanto por el 
Fiscal como por la acusación particular.

	La muerte de Jorge Xirugué se produjo después de que fuese detenido en compañía 
de otra persona, por los agentes acusados, como autor de un robo en una gasolinera. Cuando 
eran conducidos esposados al cuartel, Jorge Xirugué fue golpeado por uno de los agentes en 
la cabeza, a consecuencia de lo cual murió poco después. Según la versión de la Guardia Civil, 
cuando eran conducidos detenidos, Jorge Xirugué intentó huir corriendo, pero cayó poco 
después golpeándose en la cabeza y produciéndose las lesiones que le causaron la muerte. 
Sin embargo, el informe de la autopsia practicada, asegura que el golpe recibido por Xirugué 
fue propinado con un objeto contundente como era la bota de los agentes y no fue 
consecuencia de una caída.
En el mes de abril de 1995, el Juzgado de Instrucción nº 8 de Sabadell (Barcelona) 
decretaba el ingreso en prisión de los dos agentes de la Guardia Civil del cuartel de Castellar 
del Valles (Barcelona) por su implicación en la muerte de un detenido Xurigué. Un mes 
después, los agentes quedaron posteriormente en libertad al prestar la fianza señalada por la 
Sección Tercera de la Audiencia Provincial barcelonesa.


GC-A26		EL Tribunal Supremo confirmó la sentencia dictada por la 
Sección Vª de la Audiencia Provincial de Valencia por la que se condenaba a 
los guardias civiles FERNANDO FIGUEROA MAÑA y ALFREDO SIXTO 
REDONDO OBRADOR a las penas, para cada uno de ellos, de un mes y día 
de arresto por un delito de detención ilegal y a cinco días de arresto por una 
falta de lesiones en la persona de VICENTE PUCHADES ORTEGA, el 2 de 
septiembre de 1994. La acusación particular solicitaba penas de dos años de 
suspensión por el delito y 20 días de arresto por la falta.

	El 2 de septiembre de 1994 en la localidad valenciana de Nazaret, los dos guardias 
condenados solicitaron la documentación a cuatro jóvenes que se encontraban en el interior de 
un vehículo, ante la sospecha de que estuvieran realizando "alguna actividad ilícita". Así lo 
hicieron los jóvenes, excepto Vicente Puchades, que no la llevaba encima, sino que la tenía en 
el interior de su vehículo aparcado en las proximidades, ofreciéndose a ir a por el documento. 
Los agentes de la Benemérita no le permitieron ir a por el DNI, ni a él ni a sus amigos, sino que 
al contrario lo esposaron y sin dar explicaciones lo trasladaron al cuartel de la localidad. Allí, 
todavía esposado, fue sujetado por Alfredo Sixto mientras Fernando Figueroa le golpeaba en la 
cara. 


GC-A27		Tras el juicio celebrado en primera instancia ante el 
Juzgado de Instrucción nº 1 de Parla, los guardias civiles JUAN CARLOS 
PÁRRAGA POSTIGO y JUAN CARLOS VELASCO PRADA fueron 
condenados a diez días de arresto por una falta de lesiones en la persona de 
JUAN ANTONIO CASCOS GARCÍA en octubre de 1994. La sentencia fue 
apelada por los agentes 
La Audiencia Madrileña anuló la sentencia dictada  y ordenó dictar una 
nueva al Juzgado. En esta ocasión El Juzgado de Instrucción nº 1 de Parla 
condenó, únicamente, al agente Juan Carlos Párraga, absolviendo al guardia 
civil Juan Carlos Velasco. Apelada nuevamente, esta segunda sentencia fue 
confirmada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial Madrileña.

	En la madrugada del 16 de octubre de 1994, JUAN ANTONIO CASCOS GARCÍA  fue 
abordado por dos agentes de la Guardia Civil de la localidad madrileña de Pinto que le 
solicitaron el DNI, Una vez examinado le dieron un empujón y le dijeron que se fuese. Al pedir 
Juan Antonio explicaciones sobre el trato recibido volvió a ser empujado, por lo que decidió 
acudir a denunciar los hechos ante la Policía Municipal cuyo cuartel estaba cerca. Cuando se 
encontraba en la puerta del cuartelillo, los dos guardias civiles volvieron a acercarse a Juan 
Antonio Cascos y volvieron a empujarle. Al solicitarles Juan Antonio su número de 
identificación, los guardias civiles le propinaron varias bofetadas y puñetazos al tiempo que le 
amenazaban si volvía a pedirles su identificación. Finalmente fue acorralado contra una pared y 
recibió un último puñetazo en el estómago que le hizo caer al suelo, donde le dejaron los 
agentes, que se marcharon del lugar.
	La agresión fue observada por un policía municipal, con carne profesional nº 2.199.739,  
que no hizo nada por evitarla, ni lo denunció posteriormente, al contrario, declaró a favor del los 
guardias civiles. Tras la agresión, Juan Antonio Cascos acudió al ambulatorio donde fue 
reconocido.


GC-A28		La Sección Segunda de la Audiencia Provincial Madrileña 
condenó a los agentes del cuartel de la Guardia Civil de Colmenar Viejo 
(Madrid)  FERNANDO PAREDES CHAMERO, VICENTE ZAMORA FOLLANA, 
MIGUEL IZQUIERDO VEGA, JORGE MORENO JIMÉNEZ, JOSÉ ANTONIO 
GUTIERREZ SEVILLA, FRANCISCO JOSÉ CHINCOA BEMUDEZ, RAÑUL 
BURGOS BURGOS, CARLOS ARGIBAY OLMOS, ANTONIO MANUEL 
INURRIA SÁNCHEZ, DANIEL CALVO CANO y JOSÉ TOMAS TOCINO 
BENITEZ como responsables de diversos delitos de tortura, faltas de lesiones, 
malos tratos y amenazas en las personas de JOSÉ LUIS VILANOVA, CECILIO 
RODRÍGUEZ MARTÍN y PEDRO RODRÍGUEZ GÓMEZ que tuvieron lugar en 
el cuartel de la guardia Civil de la localidad madrileña los días 22 y 23 de 
octubre de 1994. También se condenaba al guardia civil JOSÉ ANTONIO 
GUTIERREZ SEVILLA, que participó en las agresiones, como autor de tres 
faltas de lesiones y dos de amenazas. La sentencia, por último, absolvió a los 
también guardias civiles JOSÉ BALBINO GÓMEZ PÉREZ, FRANCISCO 
SÁNCHEZ PUERTAS y JERÓNIMO MONDEJAR BAEZA de los delitos de 
tortura por los que habían sido acusados.
	Las penas impuestas fueron de entre dos y ocho meses de arresto e 
inhabilitación de seis años. La Asociación Contra la Tortura, que ejercía la 
acusación popular en la causa y que pedía penas que oscilaban entre los seis 
meses y los seis años de cárcel, ha recurrido en casación la sentencia dictada.
	Igualmente, la ACT había dirigido la acusación contra otros cuatro 
agentes de la Guardia Civil: UBALDO FRANCISCO CUENA CARRACHÓN, 
MIGUEL ÁNGEL RAMOS GÁLVEZ, ISRAEL GUTIÉRREZ ZAMARREÑO y 
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ ALDANA. Sin embargo el Juzgado de Instrucción 
denegó la apertura de juicio oral contra los mismos.
	También fue denegada por el Juzgado instructor la inculpación y toma 
de declaración en esta condición, solicitada por la ACT, de las agentes del 
mismo cuartel ROSA BELÉN MONTES RASTRO y PILAR HIDALGO 
ROMERO. 

	Todo comenzó en la noche de 21 de octubre de 1994, después de que se produjera 
una pelea en una discoteca de la localidad en la que participaron varios guardias civiles de 
paisano. Tras esta pelea, los agentes regresaron al cuartel. Al día siguiente acudieron a 
detener a los tres jóvenes a los que acusaban de haber tomado parte en el incidente. Nada 
más entrar en el cuartel, en calidad de detenidos, fueron golpeados por varios miembros de la 
Guardia Civil. A partir de ese momento y durante dos días fueron objeto de continuas 
agresiones físicas, amenazas y coacciones por la casi totalidad de los miembros que 
componen la dotación del cuartel de la Guardia Civil en Colmenar Viejo.
	Después de la sentencia que condenaba a los guardas civiles, el Juzgado Penal 14 de 
Madrid condenó, tras celebrar el correspondiente juicio oral, a José Luis Vilanova y Cecilio 
Rodríguez a las penas de un año de cárcel y 20 días de arresto como responsables de un 
delito de atentado y una falta de lesiones. También condeno a Pedro Rodríguez a la pena de 
20 días como autor de una falta de lesiones. Penas que duplican las impuestas a los agentes 
por numerosos delitos de tortura.  


GC-A29		El Juzgado de Instrucción nº 2 de Arganda del Rey 
(Madrid) decretó el archivo de la causa seguida contra  los agentes de la 
Guardia Civil de esta localidad que habían sido denunciados por tortura y 
detención ilegal por EVA y SUSANA BARBA RODRÍGUEZ en noviembre de 
1994,  entre ellos, los agentes con números profesionales 50.841.331, 
17.175.705 y 50.084.998. La Asociación Contra la Tortura  ha recurrido este 
archivo

	En la madrugada del 20 de noviembre, EVA y SUSANA BARBA RODRÍGUEZ, con 
unos amigos, regresaban en dos coches a Madrid, cuando fueron requeridos por la dotación de 
un Jeep de la Guardia Civil, en las proximidades de Mejorada del Campo, para que el 
conductor hiciese una prueba de alcoholemia. Uno de los conductores dio positiva la prueba 
mientras el otro conductor se negaba a efectuarla. A partir de este momento se inició una 
discusión entre los agentes y los jóvenes, que finalizó con la detención de las hermanas Barba 
Rodríguez y uno de los jóvenes que las acompañaban. Trasladados al cuartel de la Benemérita 
en Mejorada del Campo, Eva sufrió empujones y amenazas por parte de varios agentes, uno 
de los cuales le produjo hematomas en ambos brazos cuando la sujetó fuertemente. Por su 
parte, Susana fue igualmente empujada y amenazada, llegando en una ocasión a ser 
encañonada con un arma que apoyaron en su cabeza. Finalmente fueron puestas en libertad, 
después de ser denunciadas por resistencia e insultos a los agentes de la autoridad. Por el 
trato recibido, Susana Barba necesitó tratamiento psiquiátrico durante algún tiempo.


GC-A30		La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao 
dictó sentencia absolviendo a los tenientes de la Guardia Civil JOSÉ ÁNGEL 
ASTILLEROS FUENTES y ANTONIO JESÚS ORANTOS MÍGUEZ  que 
habían sido acusados de haber torturado a Enrique Leonardo González tras ser 
detenido en noviembre de 1994 por pertenencia a banda armada y actuar como 
instructor y secretario en el atestado levantado. La sentencia afirma que 
Enrique Leonardo González no sufrió malos tratos durante su detención y 
rechaza por “escaso rigor científico” el informe de la psicóloga del Servicio de 
Asistencia a la Víctima del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, que 
aún hoy día le atiende, y que afirmó que el detenido “padece un síndrome de 
stress postraumático crónico a raíz de la detención”. 
	La acusación particular solicitó la pena de seis años de prisión  e 
inhabilitación especial de doce años para cada uno de ellos. El Fiscal, en el 
juicio oral retiró la acusación.

	El día 21 de noviembre fue detenido en su domicilio de Ugao (Vizcaya) y por miembros 
de la Guardia Civil, ENRIQUE LEONARDO GONZÁLEZ, bajo la acusación de pertenencia a 
banda armada e inmediatamente trasladado al cuartel de la Salve en Bilbao donde fue fichado 
y huellado y poco después llevado a la Dirección General en Madrid, donde fue objeto de 
torturas: golpes en todo el cuerpo (principalmente en testículos, estómago y cabeza), asfixias 
con bolsa de plástico, amenazas de muerte y de violación a su compañera. vejaciones 
sexuales, etc... Finalmente fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que decretó su 
ingreso en prisión bajo fianza. Una vez que abandonó la prisión denunció lo ocurrido ante el 
Juzgado de Guardia de Bilbao.


GC-A31		La Audiencia Provincial de San Sebastián (Guipúzcoa), 
ordenó en septiembre de 1997 la reapertura de la causa seguida contra 
agentes de la Guardia Civil tras la denuncia de JOSEBA KAMIO detenido el 18 
de diciembre de 1994 y que había sido archivada, a primeros de 1997, por el 
Juzgado de Instrucción nº 1 de San Sebastián. El Magistrado estimó que había 
indicios de que el detenido podía haber sido objeto de golpes por los agentes y 
que “efectivamente, sí cabe apreciar datos que, cuando menos y, para una total 
clarificación en aras a la honorabilidad de unos y otros, exigen una mínima 
actuación indagatoria”

	A partir del 13 de diciembre, se desencadena en Euskadi y Navarra una operación 
policial, en la que participan agentes de la Guardia Civil, Ertzantza y Cuerpo Nacional de 
Policía ,  y durante la cual son detenidas casi cincuenta personas: 28 por la Guardia Civil, 16 
por la Ertzantza, 2 por el Cuerpo Nacional de Policía y una que se presenta voluntariamente 
ante la Audiencia Nacional. De estas 47 personas, 38 denunciaron haber sido sometidas a 
torturas y malos tratos:
	Entre los detenidos por la Guardia Civil, 25 denunciaron haber sido torturados: JAVIER 
GANUZA MURBIENDO, OSCAR GARRO CRESPO, AITOR ARGOTE MARTÍN, MIGUEL 
ÁNGEL MURGIONDO LETAMENDI, PILAR NÚÑEZ MONTOIA, OSCAR ARRUE IDÍGORAS, 
SEBASTIÁN PRIETO JURADO,  IGNACIO CAÑAS CARTÓN, ARITZ ARNAIZ LASKURAÍN, 
DOLORES GOROSTIAGA RETUERTO, GORKA URBIOLA MONTERIO, OSCAR BIZCAI 
VINDAGOZ, IGNACIO GOIENETXE ALONSO, JULIA MAKUSO ZABALA, ALFREDO 
QUIROGA ASTIZ, ASIER LASA OIARBIDE, JOSÉ DOMINGO SOLA TORRES, JOSEBA 
KAMIO FUENTES , JON ANDER GILISAGASTI, JON ARRIZABALAGA LEIÑENA, OLATZ 
GOIENETXEA ERAUSKÍN, IKER ARNAIZ LASKURAÍN, FRANCISCO ÁLVAREZ 
PERDIGUERO, VIRGINIA ORBEA SALAZAR y ELENA MARTÍNEZ BEADE .


GC-A32		El Juzgado de Instrucción nº 1 de Pamplona dictó 
sentencia, en diciembre de 1997, por la que absolvía al agente de la Guardia 
Civil ELÍAS HERRERA MARTÍNEZ que había sido denunciado por JULIA 
MACUSO ZABALA como el autor de diversas llamadas telefónicas, efectuadas 
después de haber sido detenida y puesta en libertad en diciembre de 1994 , en 
las que se le amenazaba de muerte. 

	Julia Makuso, vecina de Pamplona, fue detenida en diciembre de 1994 permaneciendo 
dos días en las dependencias de la Guardia Civil donde denunció haber sufrido torturas. Tras 
ser puesta en libertad comenzó a recibir llamadas telefónicas en su domicilio de quien se hacía 
llamar “Antxón” y que, mediante amenazas y presiones, pretendían convencerla para que 
facilitase información a la Guardia Civil . El agente denunciado reconoció en el juicio celebrado 
que visito a Julia Makuso en los calabozos de Pamplona y Madrid en dos ocasiones  “para ver 
como se encontraba” y admitió haber llamado dos veces a su domicilio al haber visto en ella 
“una actitud colaboradora”


GC-A33		El Juzgado de Instrucción nº 4 de Majadahonda (Madrid) 
ha absuelto a nueve agentes de la Guardia Civil del puesto de Las Rozas 
(SERGIO RAMÓN MARTIN URDIALES, FRANCISCO JAVIER ROMERO 
BLAS, RAFAEL MONTES MULA, ÓSCAR SORIA RANZ, GUILLERMO 
LINARES ÁLVAREZ, RAFAEL GALÁN MARTÍNEZ, DOMINGO MEDINA 
LEÓN, PABLO GÓMEZ MARTIN y ERNESTO MARTÍN GARCÍA) acusados 
de haber participado en la agresión y amenazas sufridas el 22 de diciembre por 
JAVIER CALVO MARTÍNEZ y JUAN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ por parte de 
agentes de la Guardia Civil.
	Durante el juicio la acusación particular acusó a los agentes Sergio 
Ramón Urdiales, Francisco Javier Romero y Óscar Soria como autores de 
faltas de vejaciones, amenazas y malos tratos, por las que pidió sendas penas 
de 20 días-multa para cada uno. La misma pena se solicitó para los agentes 
Guillermo Linares, Pablo Gómez, Ernesto Martín y Domingo Medina por faltas 
de coacciones y amenazas.

	Según la denuncia, el día 22 de diciembre de 1994, tras la celebración del comienzo de 
las vacaciones navideñas por los estudiantes de la localidad madrileña de Las Rozas, JAVIER 
CALVO MARTÍNEZ y JUAN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ acudieron a un centro comercial para 
comprar unas barras de pan con las que hacerse unos bocadillos, siéndoles negada la entrada 
por los vigilantes jurados, que llamaron a la Guardia Civil. Una patrulla de este cuerpo los 
detuvo y trasladó al cuartel bajo la acusación de insultos y resistencia a la autoridad.
	Durante su estancia en las celdas fueron objeto de continuas amenazas y vejaciones, 
siendo agredidos por uno de los agentes, que iba encapuchado. Al día siguiente fueron puestos 
a disposición judicial donde denunciaron el trato recibido.
	La Asociación Contra la Tortura formuló una querella contra los miembros del cuartel 
de la Guardia Civil de las Rozas responsables de las agresiones. Sin embargo el Juzgado de 
Instrucción nº 4 de Majadahonda no admitió dicha querella al exigir que, como requisito previo, 
se prestase una fianza por parte de la A.C.T., a la que la Asociación no pudo hacer frente.


GC-A34		Tras el juicio celebrado en febrero de 1997, la Audiencia 
Provincial de Pamplona absolvió a los agentes de la Guardia Civil MIGUEL 
ÁNGEL BOTE ROMERO y CÉSAR VALDUEZA RUBIO, bajo la acusación de 
haber golpeado a un joven al que había detenido en un bar de la localidad 
navarra de Irurtzun el 15 de enero de 1995. El Ministerio Fiscal, durante el 
juicio,  solicitó penas de un año de prisión para Miguel Ángel Bote y seis meses 
de arresto para César Valdueza.

	El 15 de enero, los dos agentes acudieron al local tras ser requerida su presencia por 
encontrarse en el mismo una persona que “estaba armando jaleo”. Los agentes detuvieron al 
joven y lo trasladaron al cuartel donde el agente Angel Bote , tras sacar su arma, le golpeó con 
la misma en el ojo derecho y, posteriormente, le volvió a golpear en el hombro izquierdo y 
propinó patadas en las piernas. El agente Valdueza vio la agresión sin hacer nada por evitarla. 
Tras esta agresión, el joven tuvo que ser trasladado al Hospital Virgen del Camino de la capital 
navarra donde permaneció cuatro días hospitalizados.
	Los agentes negaron haber golpeado al detenido y mantuvieron que el joven ya estaba 
lesionado cuando detuvieron y que, antes de entrar en el cuartel, se cayó por las escaleras


GC-A35		El Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona archivó, en 
mayo de 1996, la causa seguida tras la denuncia de SOTERO ETXANDI contra 
el sargento de la Guardia Civil  IGNACIO ESCALADA, a quien acusó de 
haberle golpeado, en febrero de 1995, en el cuartel de Elizondo (Navarra) tras 
ser detenido bajo la imputación de colaboración con banda armada.

	Según la denuncia presentada, Sotero Etxandi fue detenido en la localidad navarra de 
Arraoiz y trasladado, inicialmente,  al cuartel de Elizondo y posteriormente a la Dirección 
General de la Guardia Civil en Madrid. En su comparecencia ante la Audiencia Nacional 
denunció haber sido objeto de torturas consistentes en golpes por todo el cuerpo y la 
colocación de una bolsa de plástico que le provocaba asfixia. Tras ser puesto en libertad, 
presentó una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Pamplona, a la que acompañó varios 
partes médicos en los que se hacían constar las lesiones y hematomas sufridos.
	En la causa abierta en el Juzgado nº 2 de la capital navarra, declaró en calidad de 
inculpado el sargento Ignacio Escalada que negó haber golpeado al detenido
	Días después a que se acordase el archivo de la causa, el 19 de mayo, Sotero Etxandi 
se encontró en un restaurante con el sargento Ignacio Escalada, a quien Etxandi llamó 
“torturador”. En septiembre de 1997 y por estos hechos, el Juzgado de Instrucción nº 3 de 
Pamplona condenó a Etxandi al pago de una multa de ciento cincuenta mil pesetas como 
responsable de un delito de injurias en la persona del sargento Escalada.
	

GC-A36		En noviembre de 1996, la Sección Tercera de la Audiencia 
Provincial de Alicante  absolvió a los agentes de la Guardia Civil JUAN JOSÉ 
SANTOS LÓPEZ y FRANCISCO SILGADO POBLADOR  de todos los cargos 
que contra ellos formulaba el Ministerio Fiscal, que solicitó penas que sumaban 
un total de diez meses de arresto y multa para los agentes, por los delitos de 
amenazas, coacciones, denuncia falsa y detención ilegal de JOSÉ MARÍA 
ALCOLEA por hechos ocurridos el 14 de marzo de 1995 en la localidad 
alicantina de Benidorm. El Tribunal entendió que las actuación de los agentes 
fue legal en todo momento y todo se debía a una maniobra del denunciante.

	Según la denuncia y el relato del Fiscal, rechazado en su totalidad por el Tribunal, los 
agentes denunciados habrían elaborado un atestado falso contra José María Alcolea, 
implicándole en  un atentado que, según testigos, nunca se produjo, y después de que este 
hubiera recibido amenazas de muerte por parte de uno de los acusados. 
	El 14 de marzo, los agentes denunciados, y ahora absueltos, habrían acudido a 
detener a José María Alcolea en base a una orden de busca y captura existente contra él por 
parte de un Juzgado de Benidorm, si bien al parecer otro Juzgado le había dejado 
anteriormente en libertad sin cargos, por ello se produjo un forcejeo entre el denunciante y los 
agentes que finalizó con la huida del primero, que abandonó el vehículo de su propiedad. Al día 
siguiente, José María Alcolea habría llamado al cuartel para preguntar por su vehículo, 
recibiendo amenazas de muerte por parte de unos de los agentes que había intentado 
detenerle el día anterior. Estas amenazas quedaron grabadas en un cassette.


GC-A37		La Audiencia Provincial de Tarragona, condenaba en 
febrero de 1997, a los agentes de la Guardia Civil JUAN CARLOS 
CABALLERO y JOSÉ ALBERTO SOLANO, a las penas de diez y nueve años, 
respectivamente, de prisión y siete años de inhabilitación como responsables 
de los delitos de agresión sexual, detención ilegal y limitación a la libertad 
sexual en la persona de una mujer de origen checo el 3 de mayo de 1995 en un 
descampado de la localidad tarraconense de El Vendrell (Bajo Penedés).

	Según la sentencia, los dos agentes, destinados en El Vendrell encontraron, en la 
estación de Sant Vicenç de Calders,  a una mujer, a la que conocían por trabajar como 
prostituta en un bar de alterne de Cunit. Tras comprobar que el permiso de residencia en 
España había caducado le indicaron que subiera en el vehículo policial para trasladarla al 
cuartel, pero en lugar de ello se desviaron a un descampado donde el guardia civil Juan Carlos 
Caballero la obligó a efectuarle una felación bajo la amenaza de denunciarla y expulsarla del 
Estado. El agente José Alberto Solano consintió los hechos sin hacer nada para impedirlo o 
denunciarlo posteriormente.


GC-A38		A primeros de 1997, el Juzgado de Instrucción nº 5 de San 
Sebastián (Guipúzcoa) acordó el sobreseimiento de la causa seguida tras la 
denuncia por torturas efectuada por JON SALABERRÍA tras ser detenido por 
agentes de la Guardia Civil en agosto de 1995.

El 23 de agosto, agentes e la Guardia Civil procedieron a la detención de JON 
SALABERRIA, IKER BERISTAIN, JUAN PEDRO PLAZA, IMANOL IPARRAGIRRE y ANTXON 
OILOKIEGI bajo la acusación de pertenencia a los denominados "Grupos Y". Los cinco 
detenidos denunciaron haber sido objeto de torturas y malos tratos durante su estancia en el 
cuartel de El Antiguo de San Sebastián y en las dependencias de Madrid, antes de ser puestos 
a disposición de la Audiencia Nacional, que decretó su libertad provisional, en algún caso 
después de prestar la fianza señalada. El trato recibido por los detenido consistió, 
fundamentalmente, en golpes y amenazas, pero también les fueron aplicados electrodos y la 
"bolsa", como a Imanol Iparragire, y se les ofreció la posibilidad de acabar con las torturas si 
colaboraban con la Guardia Civil, como a Antxón Oilokiegi.


  Un defecto de forma al no notificarse el auto de octubre de 1990, por el que se transformaba la causa de Sumario a 
Procedimiento Abreviado en virtud de la reforma de la L.E.Cr. efectuada poco antes, sirvió de excusa para que los 
acusados solicitasen, y obtuviesen, un aplazamiento de la vista oral, que ha quedado sin fecha.
  Varios de los acusados ya tienen antecedentes penales por torturas a otras personas: Lucio de Sosa y José Vázquez, 
fueron condenados por haber torturado a JOSU TORRE ALTONAGA en febrero de 1980 en el cuartel de La Salve 
(Bilbao). Felipe Mateos y Paulino Santos fueron absuelto del cargo de prevaricación en el llamado "Caso Linaza" 
ocurrido en el Cuartel  de La Salve en mayo de 1981(Ver caso siguiente). Antonio Tocón fue absuelto de la acusación 
de torturas a FRANCISCO MORILLAS en diciembre de 1989 en Granada (Ver caso GC - 108).
  Fidel del Hoyo Cepeda fue procesado y finalmente absuelto, como responsable de las torturas sufridas por Joaquín  
Olano Balda en julio de 1983 en el Cuartel del Antiguo de San Sebastián. Ver nota anterior.
  El 12 de febrero de 1993, estando procesado por estos hechos, el Gobierno indultó al comandante de la Guardia Civil 
José Pérez Navarrete, que había sido condenado por la Audiencia Provincial de Bilbao, ratificada por el T. Supremo,  
a cuatro meses de arresto y cuatro años de inhabilitación por las torturas sufridas por Juan Goikoetxea en enero de 
1982. Junto a Pérez Navarrete fueron condenados los también miembros de la Guardia Civil JOSÉ ANTONIO 
HERNÉNDEZ DEL BARCO, EMILIO PARRA MORENO, ALEJANDRO IGLESIAS BLANCO, JULIO SAAVEDRA 
MARIÑO.
  El sargento de la G.C., Juan Carlos Recaj Miguel, tuvo que comparecer a finales del mes de julio de 1995 y en 
calidad de inculpado, ante el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona donde se investigan las torturas sufridas por 
Juan Carlos Maya y Concepción Casado tras ser detenidos en Barcelona el 21 de febrero de 1995 por presunta 
colaboración con banda armada. También declaró en calidad de inculpado en la causa seguida por torturas el guardia 
civil VICENTE JAVIER NADAL DE DIOS.
  Estos agentes de la Guardia Civil ya han sido condenados anteriormente por torturas (ver caso GC-104) 
y están siendo investigados por otros casos nuevos (Ver casos GC-105 y GC-106, y GC-110)
  Este método consiste en introducir la cabeza del detenido en un recipiente con agua hasta que se le agota el oxigeno 
que guarda en los pulmones, en ese momento le es sacada la cabeza y se reanima al detenido para, poco después, 
volver a introducirle la cabeza en el agua.
  Una entrada ilegítima en la casa del juez que instruía la causa
  tras la detención e  ingreso en el hospital de Kepa Urra, el Gobernador Civil de Vizcaya, DANIEL VEGA, y el teniente 
coronel de la Guardia Civil, PEDRO MUÑOZ GIL, afirmaron que el ingreso hospitalario era debido a una arritmia 
cardíaca. Al denunciarse las torturas sufridas por Kepa Urra, el Gobernador Civil exigió que se respetase la presunción 
de inocencia de la guardia Civil al tiempo que afirmaba, pese a que Urra no había sido Juzgado anteriormente en 
ninguna ocasión por motivo alguno (no fue Juzgado hasta diciembre de 1995), que "el que no la tiene es el propio kepa 
Urra, que es un terrorista que ya está Juzgado y condenado por haber cometido asesinatos". 
  La declaración ante la Guardia Civil de Juan Ramón Rojo, obtenido bajo tortura, fue la base de la orden internacional 
de busca y captura y posterior solicitud de extradición, desde Bélgica, cursada por el Gobierno español contra LUIS 
MORENO y RAQUEL GARCÍA, detenidos en junio de 1993. En noviembre de ese mismo año el Gobierno belga 
admitió a trámite su solicitud de asilo político y fueron puestos en libertad. El Gobierno español, que no solamente 
había negado la existencia de torturas, sino que negó la existencia de informes médicos donde se recogían las lesiones 
producidas en los detenidos, entre ellos Rojo, reaccionó ante la libertad de Moreno y García vetando la política común 
en cuestión de asilo y refugio que estaba siendo debatida en aquel momento por la Unión Europea y no levantó ese 
veto hasta que el Gobierno belga, ante la presión española, denegó el asilo solicitado por Luis Moreno y Raquel 
García.
  José Domingo Aizpurua fue entregado por miembros de la policía del Aire y Fronteras francesas a la Guardia Civil el 
2 de junio en virtud de una orden de expulsión existente. Inmediatamente fue ingresado en el Cuartel de El Antiguo en 
Bilbao y desde allí a la dirección General de la Guardia Civil en Madrid, siendo  torturado según su denuncia. El mismo 
día de su entrega a la Guardia Civil dio comienzo la operación policial en la que fueron detenidos los reseñados. El 13 
de julio, Aizpurua fue puesto en libertad sin cargos por la Audiencia Nacional
  En septiembre de 1995, aún no había sido llamado Joseba Kamio para ratificarse en su denuncia de torturas y para 
ser reconocido por el médico forense. Nuevamente será detenido en diciembre de 1994 y, también en esta ocasión 
denunció haber sufrido torturas en las dependencias de la G. Civil.
  Ver casos siguientes.
  Ver casos siguientes.
  hasta estas fechas el Gobierno español vetaba sistemáticamente la publicación de los informes del CPT. En esta 
ocasión, junto a este informe, se hizo público junto el correspondiente a la visita ordinaria que el CPT efectuó en abril 
de 1991, en aquella ocasión el Comité visitó las cárceles de Algeciras (Cádiz), Basauri (Vizcaya), Puerto de Santa 
María I y II (Cádiz), Alcalá-Meco (Madrid), y las comisarías gaditanas de Algeciras, Cádiz; madrileñas de Barajas, 
Entrevías, Puerta del Sol y la comisaría de Indautxu (Bilbao) así como el Cuartel de la Guardia Civil de La Salve 
(Bilbao) y la Dirección General de la Guardia Civil (Madrid)
  Ver nota anterior.
  En junio de 1995, la Asociación Contra la Tortura se personó, en el ejercicio de la acción popular, en la causa 
seguida en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Arganda del Rey (Madrid) sin embargo, hasta el año 1998, el Juzgado no 
acordó admitir la misma y siempre después de que la Audiencia Provincial de Madrid así se lo ordenase.
  Otras doce personas fueron detenidas en sur de Francia por la Policía del Aire y Fronteras.
  Joseba Kamio ya fue detenido en junio de 1994 y, también entonces, denunció haber sido torturado.
  Ver caso anterior