Evolución durante los años 1996/97 
de las causas por torturas 
contra agentes de la Policía Municipal





PM-A1		La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Oviedo 
absolvió a cuatro agentes de la Policía municipal de la capital asturiana 
(ROGELIO J. M.M., MANUEL L.A., FRANCINCO C.L. y FÉLIX G.R.) 
acusados de haber golpeado el 1 de julio de 1986 a CELESTINO PÉREZ 
CAMACHO, de 17 años de edad, quien sufrió una rotura de bazo a 
consecuencia de los golpes recibidos y quien no fue llamado a declarar como 
testigo durante las sesiones del Juicio Oral.
	La causa fue archivada inicialmente por el Juzgado instructor, recurrida 
esta resolución por la acusación particular, la causa permaneció olvidada en un 
cajón de la Audiencia hasta que se devolvió, años después, al Juzgado para 
continuar la investigación.
	

PM-A2		LA Sección séptima de la Audiencia Provincial de 
Barcelona condenó al agente de Policía Municipal de la localidad de Badalona, 
JESÚS CARPI SEGUÍ,  a la pena de un año de prisión y un año de suspensión 
de cargo público como autor de las lesiones causadas a FRANCISCO 
RODRÍGUEZ NAVARRO el 9 de abril de 1989. La misma sentencia absolvió al 
también policía local JOSÉ GOMEZ YÁNEZ

	Ese día Francisco Rodríguez, que circulaba con su vehículo por Badalona, se saltó un 
semáforo en rojo cuando, siendo seguidos por la patrulla de la guardia urbana de Badalona 
formada por los agentes Jesús Carpi Segui y José Gómez. Tras darle alcance, Jesús Carpi 
ordenó al conductor que se bajase del vehículo mientras el otro agente le ordenaba que 
retirase el coche de la calzada. Después de una discusión entre Jesús Carpi y Francisco 
Rodríguez, en la que el primero recibió un puñetazo, Francisco Rodríguez fue detenido y 
esposado y obligado a ponerse de rodillas en una acera. Momento en que el agente Carpi le 
propinó una patada en la boca que le produjo la rotura de varias piezas dentarias. Finalmente 
fue conducido a la comisaría donde fue denunciado por atentado a los agentes de la autoridad.


PM-A3		La  Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid 
condenó a los agentes de policía municipal EZEQUIEL ANTORANZ GÓMEZ (a 
la pena de dos años de prisión como autor de las lesiones sufridas por JOSÉ 
LUIS TORRE CALDEVILLA el 28 de octubre de 1989 y quien sufrió la fractura 
de una mano), MARÍA SORAYA BENITO GARCÍA, ROBERTO RODRÍGUEZ 
CASTRO y FRANCISCO JOSÉ ROSADO CRUZ  (a la pena de 24 arrestos de 
fines de semana, como autores de las lesiones sufridas por ALEJANDRO 
MARTÍ DE LA SERNA el mismo día). Al mismo tiempo absolvió a los agentes 
citados de los delitos de torturas y detención ilegal por los que también fueron 
Juzgados, así como absolvió al agente CÁNDIDO ALBARRÁN PÉREZ de 
todos los delitos por los que había sido acusado.
	Una vez hecha pública la sentencia, el alcalde de Madrid, José María 
Álvarez del Manzano manifestó su apoyo a los agentes condenados afirmando 
que “los agentes cumplieron con su labor en Santa Ana”

	Durante el otoño de 1989, fueron numerosas las actuaciones violentas de agentes de la 
Policía Municipal madrileña contra los artesanos . Una de ellas, la que ha dado lugar a la causa 
que nos ocupa, tuvo lugar el 28 de octubre de 1989. Aquel día resultaron heridas como 
consecuencia de la actuación policial JOSÉ LUIS TORRE CALDEVILLA, CONCEPCIÓN 
IGLESIAS MARTÍNEZ, ALEJANDRO MARTÍN DE LA SERNA y JULIÁN CALERO GÓMEZ. Los 
medios de comunicación presentes recogieron en fotografía e imágenes de televisión lo 
ocurrido.
	Durante la instrucción, el Juzgado nº 4 de Madrid acordó el sobreseimiento de la causa, 
al entender que los hechos no eran constitutivos de infracción penal. Este sobreseimiento fue 
revocado por la Audiencia Provincial madrileña que ordenó la continuación de las 
investigaciones. Igualmente se solicitó la práctica de nuevas diligencias para identificar a otros 
agentes que hubieren participado en las agresiones, lo que fue rechazado por el Juzgado.


PM-A4		La Audiencia Provincial de Madrid condenó a penas de 32 
y 15 días de arresto menor, a los agentes de policía local madrileños ANGEL 
LUIS PAJUELO MUÑOZ y JUAN CARLOS VELASCO VELASCO  como 
autores de tres faltas de lesiones, vejaciones y malos tratos a RAMÓN GARCÍA 
MARTÍN el 19 de junio de 1990.

	Ese días, en las cercanías de la madrileña Glorieta de Quevedo, se encontraban varios 
vendedores ambulantes de frutas y verduras, no autorizados. Los agentes ahora condenados 
decomisaron toda la mercancía expuesta. Poco después llegó Ramón García que, sin tener 
relación con los vendedores, recriminó a los agentes su actuación y pidió que se devolviese la 
mercancía a los vendedores, pues era su medio de vida. Entonces, los agentes solicitaron a 
Ramón García su documentación. Cuando este reclamaba su devolución recibió un puñetazo 
en la boca por parte del agente Velasco quien, tras insultarle, volvió a golpearle de nuevo. El 
otro agente no hizo nada por evitarlo y, al contrario, poco después, entre ambos agentes, 
procedían a  detener a Ramón García y trasladarle a Comisaría.


PM-A5		La Audiencia Provincial de Granada absolvió a los agentes 
de policía local de la capital andaluza ENRIQUE AYLLÓN MUÑOZ y 
GREGORIO MARTÍN GARCÍA, quienes habían sido acusados por JOSÉ 
ANTONIO ROBLEDILLO ROMERO como autores de los delitos de lesiones y 
detención ilegal en su persona el 21 de diciembre de 1990 por lo que solicitaba 
penas de cuatro años y dos meses de prisión y dos años y cuatro meses de 
inhabilitación. La sentencia considera “ciertamente extraño que, sin razón 
alguna, los agentes procedan a detener primero y golpear después en las 
dependencias policiales” al denunciante y estima que las lesiones sufridas por 
este lo fueron al uso de la fuerza mínima necesaria por los agentes ante la 
fuerte resistencia del detenido.

	Según la denuncia presentada, el 21 de diciembre, se produjo un incidente de tráfico en 
las calles granadinas tras el que José Antonio Robledillo fue detenido bajo la acusación de 
atentado a agente de la autoridad, posteriormente fue trasladado a la comisaría de la Policía 
Municipal donde fue golpeado, sufriendo lesiones en cabeza, cuello, espalda y región lumbar.


PM-A6		El Juzgado de lo Penal número Uno de Orense absolvió a 
los agentes de policía local GUILLERMO RODRÍGUEZ NOVELLE, JOSÉ LUIS 
QUINTELA VÁZQUEZ, JOSÉ RAMÓN COFÁN DEL RIO, ANTONIO 
RODRÍGUEZ MOSQUERA, y MANUEL SALGADO PÉREZ quienes habían 
sido acusados de los delitos de detención ilegal y lesiones en las personas de 
HIGINIO ARAUJO FEIJOO y MARIA LUZ ESTÉVEZ ÁLVAREZ el 30 de abril 
de 1992. Durante la vista oral el Fiscal retiró la acusación que sostenía 
inicialmente.  La acusación particular solicitaba penas de cuatro años de prisión 
e inhabilitación de ocho años por el delito de detención ilegal para los cinco 
agentes, a los que sumaba, en el caso del sargento de Policía municipal José 
Ramón Cofán, la pena de tres años de prisión por las lesiones.

	Higinio Araujo y María Luz Estévez denunciaron que, el 30 de abril de 1992, cuando se 
encontraban en el interior de su vehículo, se acercaron varios policías municipales, pues al 
aparecer algún vecino había denunciado los ruidos que se producían en la calle. Los agentes 
les exigieron la documentación y como se resistían a entregársela fueron detenidos y 
trasladados a la Comisaría.
	Durante el trayecto, en el interior del vehículo policial el agente José Ramón Cofán 
golpeó a Higinio Araujo, lo que se volvió a repetir en el cuartelillo de la Policía Municipal, donde 
el mismo agente agarró a Higinio por la cabeza y la golpeó contra un banco, lo que le produjo 
una herida en un ojo. Mientras esto ocurría los restantes policías no hicieron nada por evitarlo, 
ni lo denunciaron posteriormente.


PM-A7		El Juzgado de Instrucción nº 5 de Córdoba, decretó el 
archivo de la denuncia formulada por MANUEL BENÍTEZ por los malos tratos y 
vejaciones sufridas en  mayo de 1992 en las dependencias de la Policía 
Municipal cordobesa. El Juzgado reconoció la existencia de las vejaciones 
sufridas por MANUEL BENITEZ pero, al mismo tiempo, ordenó el archivo de la 
causa por haber prescrito aquellas.
Esta resolución se dictó después de que la Sección IIª de la Audiencia 
Provincial de Córdoba ordenase la continuación de la investigación de la 
actuación y trato vejatorio infligido, por agentes de la Policía Municipal de dicha 
ciudad, a MANUEL BENÍTEZ cuando fue detenido el 11 de mayo de 1992, en 
que fue obligado a desnudarse en las dependencias policiales , 
Tras conocerse este caso, fueron muchos los ciudadanos cordobeses 
que denunciaron, ante la Comisión creada al efecto por el Ayuntamiento de la 
capital andaluza, que habían sido objeto de prácticas vejatorias similares . 
Durante la instrucción de la causa, los ex jefe de la policía local Leopoldo 
Salinas y Antonio Serrano manifestaron que, por orden del jefe de la policía 
local de córdoba, ANTONIO CUESTA, desde 1989, todos los detenidos eran 
sistemáticamente desnudados para el cacheo sin atender a los motivos de la 
detención.

	Manuel Benítez, "El Cordobés", y sus dos acompañantes fueron detenidos el 11 de 
mayo de 1992, después de haber tenido un incidente con un vecino en una finca del torero, 
este avisó a la Policía Municipal, acudiendo varios agentes que mantuvieron un enfrentamiento 
con los detenidos, a los que trasladaron a las dependencias policiales donde fueron obligados 
a desnudarse. 	
Tanto Manuel Benítez como Carlos Gago y Antonio Paéz, manifestaron en las sesiones 
del juicio oral que, además de desnudarles y cachearles, fueron golpeados por los agentes 
municipales. Después de ser puesto en libertad, Manuel Benítez en un programa televisado, 
narró lo que le había ocurrido y llamó "hienas, víboras ...." a los agentes policiales. Estas 
manifestaciones sirvieron de base a la querella que contra él formuló el Ayuntamiento cordobés 
y por las cuales solicitó seis meses de arresto. La sentencia del Juzgado de Instrucción nº 3 de 
Córdoba, sin embargo, le condenó al pago de una multa de cien mil pesetas por una falta de 
injurias leves.


PM-A8		El Juzgado Penal nº 1 de Orense condenó al Jefe de la 
Policía local de Allariz (Orense),  JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ COSTA a la pena 
de un mes de suspensión como autor de un delito de detención ilegal en la 
persona de BENGIGNO MOURE, mientras era absuelto de la falta de lesiones 
por la que también era acusado.  La misma sentencia absuelve a los agentes 
de la policía local FRANCISCO CONDE CONDE y ANTONIO PUGA 
FERNÁNDEZ, de la falta de lesiones de la que eran igualmente acusados.

	Los hechos Juzgados tuvieron lugar en noviembre de 1992, cuando José Manuel 
Álvarez requirió a Benigno Moure para que accediera a las dependencias municipales y 
notificarle la denegación de la autorización de obras que había solicitado, Benigno Moure 
contestó que dicha notificación se produjeron por conducto oficial, por lo que el jefe de policía 
local, Álvarez costa, ordenó a los agentes Francisco Conde y Antonio Puga que detuviesen a 
Benigno Moure, lo que se llevó a cabo violentamente y en cuyo transcurso benigno Moure 
sufrió lesiones en la pierna izquierda.


PM-A9		En octubre de 1996, el Juzgado Penal nº 2 de Santander 
absolvía a ISRAEL SOBRADO CASTILLO,  ANGEL DE CARLOS ONTAÑÓN, 
MANUEL AGUIRRE VALDOR, ANA MARÍA ALONSO LÓPEZ de los delitos de 
resistencia y lesiones por los que habían sido acusados por varios agentes de 
la policía local santanderina, entre ellos los agentes nº 87 y 132 por hechos 
ocurridos el 21 de octubre de 1992. 
La sentencia que no da credibilidad alguna a los agentes denunciantes y 
plantea “sombríos interrogantes acerca de si su actuación se ajustó 
debidamente a los principios de legalidad”. También afirma que lo único que 
resultó probado durante el juicio oral celebrado es que Israel Sobrado y Manuel 
Aguirre sufrieron lesiones de cierta importancia como consecuencia de la 
actuación policial. Estas lesiones son objeto de otra causa abierta a raíz de la 
denuncia de estos contra los agentes policiales.


PM-A10		En Julio de 1996, la Audiencia Provincial, condenó a 8 
meses de suspensión a IGNACIO FRANCO, ex jefe de la Policía municipal de 
Pamplona,  como responsable de un delito de detención ilegal de cuatro padres 
de alumnos el 21 de octubre de 1992, cuando un grupo de padre de alumnos 
de la ikastola Axular llevaba a cabo una serie de reivindicaciones. La sentencia 
absolvía al agente JOSÉ ANTONIO LEÓN, acusado por una falta de lesiones. 
La acusación particular había solicitado penas de un año de prisión por un 
delito de lesiones y dos años de suspensión por cada uno de los cuatro delitos 
de detención ilegal, se solicitan contra Ignacio Franco, al mismo tiempo, se 
solicita también una pena de seis fines de semana de arresto, por una falta de 
lesiones, para el agente de la Policía Municipal José Antonio León.

	El 21 de octubre de 1992, un numerosos grupo de padres de alumnos de la ikastola 
municipal Axular, acudieron al Ayuntamiento e intentaron penetrar en el despacho del alcalde 
Alfredo Jaime, para reivindicar la escolarización de 15 niños que habían sido desviados a otro 
centro.	Jaime Franco acudió al lugar junto a otros policías municipales a sus órdenes, 
separando a los congregados y retirando un megáfono a una de las mujeres que lanzaba 
consignas  a favor de las plazas en la ikastola, produciéndose momentos de tensión en los 
cuales un agente no identificado golpeó a uno de los congregados, JAVIER ASTIZ. Durante la 
discusión que se produjo posteriormente entre Ignacio franco y dos concejales de H.B. que 
intentaron mediar en los que ocurría, MARINE PUEIO y FERNANDO BIURRUN, la primera fue 
empujada por el agente Juan Antonio León, sufriendo lesiones en un dedo. Por los mismos 
hechos había sido denunciado igualmente el alcalde de Pamplona, Alfredo Jaime, pero la 
denuncia contra éste fue archivada en octubre de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra.


PM-A11		En octubre de 1996, la Sala IIª del tribunal Supremo 
condenaba a la pena de seis meses de arresto al policía local de Sevilla 
PEDRO I. M. acusado de golpear a un detenido en los calabozos de la 
comisaría sevillana el 24 de noviembre de 1992, después de haberle detenido 
por conducir bajo efectos de bebidas alcohólicas.

	En la madrugada del citado día, un conductor se negó a efectuar la prueba de 
alcoholemia e insultó a los agentes de policía municipal que le habían requerido para ello. 
Trasladado a los calabozos de la Jefatura de Policía local de Sevilla, el agente ahora 
condenado le propinó varias patadas y golpes con las manos causándole traumatismo craneal, 
fractura de un dedo y otras lesiones .


PM-A12		Cuatro años de cárcel solicitó ISIDORO I. M. para cada uno 
de los cuatro policías municipales de Oviedo, JUAN C. D., MANUEL R. R., 
JOSÉ R. G. y ÁNGEL G. G. a los que acusa de haberle producido lesiones en 
la noche del 18 de febrero de 1993 tras un incidente de tráfico. El Ministerio 
Fiscal, sin embargo, solicita la absolución de los agentes. 

	El día indicado, Isidoro I. conducía su vehículo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 
por los que fue condenado en su día, cuando su vehículo colisionó con un autobús municipal. 
Con posterioridad a este accidente, según la denuncia presentada, y cuando Ignacio I. se 
encontraba en un bar, acudieron los agentes municipales que, tras retorcerle el brazo, le 
detuvieron. Como consecuencia de la actuación policial sufrió una dislocación en el brazo, a la 
altura del codo, por lo que tuvo que ser vendado.  Los agentes, sin embargo, niegan la 
agresión y sostienen que cuando Ignacio I. se negó, de forma violenta, a entregar la 
documentación tuvo que ser esposado y llevado al cuartel. una vez allí comenzó a quejarse del 
dolor en un brazo por lo que fue trasladado al Hospital, donde le vendaron el brazo.


PM-A13		La Sección Vª de la Audiencia Provincial de Madrid, 
desestimando el recurso interpuesto por la ACT, confirmaba el archivo 
decretado por el Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid en la causa seguida 
tras la denuncia de ISSA SYLLA contra los agentes de Policía Municipal que le 
golpearon el 24 de mayo de 1993 en la estación de Metro de opera de Madrid.
La Asociación Contra la Tortura, como Acción Popular, solicitó para los 
agentes FRANCISCO RICO AJA y CÁNDIDO SÁNCHEZ LÓPEZ las penas de 
tres años de prisión menor y seis de suspensión de cargo público como autores 
de un delito de lesiones y otro de denegación de auxilio en la persona de ISSA 
SYLLA el 24 de mayo de 1993.

	Este día Issa Sylla, de origen camerunés, se encontraba en los andenes de la estación 
del metro de Ópera como vendedor ambulante cuando se presentaron varios policías 
municipales. Ante su presencia, Issa Sylla comenzó a recoger sus pertenencias siendo 
empujado por el agente Francisco José Rico Aja, que le hizo caer al suelo y que, estando 
caído, le pisó el brazo causándole lesiones de las que tardó en curar 60 días . Cuando el 
agente Rico Aja se iba del lugar, fue requerido por varios testigos presenciales de la agresión 
para que auxiliara a Issa Sylla que permanecía caído en el suelo y quejándose de dolor. Rico 
aja se negó a ayudarle alegando que el lesionado estaba fingiendo y, posteriormente, se negó 
a que Issa Sylla fuese asistido en una casa e socorro. 
	Tanto la agresión, como la negativa a auxiliar a Issa Sylla fue observada y consentida 
por el otro agente policial, Cándido Sánchez, que no hizo nada para evitarlo. Posteriormente y 
para justificar las lesiones que presentaba Issa Sylla, los agentes policiales denunciaron a 
aquel por un delito de atentado, por el cual el Ministerio Fiscal llegó a solicitar se le imponga 
una pena de un año de cárcel.


PM-A14		En octubre de 1997, la Sala segunda del Tribunal Supremo 
condenaba  al agente de Policía Municipal de Madrid MANUEL T. J., con 
número profesional 1048.0, como autor de un delito de lesiones en la persona 
de MANUEL P. CASAS el 12 de junio de 1993.

	La sentencia afirmaba que ese día, el agente ahora condenado acudió a las cercanías 
del Estadio “Santiago Bernabeu” de Madrid, donde se había producido un incidente entre 
Manuel P. Casas y otra patrulla de policía municipal por un motivo de tráfico. Posteriormente 
Manuel P. fue detenido y, cuando se encontraba ya esposado y en el interior de un vehículo 
policial, el agente 1048.0 le propinó un puñetazo que le produjo una fractura del suelo orbitario 
izquierdo que necesitó una intervención quirúrgica.


PM-A15		En abril de 1997, el Ayuntamiento de la localidad 
valenciana de Alzira incoó expediente disciplinario a un agente de la policía 
Municipal, M. E. C. que había sido condenado por la Audiencia Provincial  de 
Valencia a penas de ocho días de arresto como autor de una falta de lesiones y 
otras de maltrato a una persona, J.V.P.E., que fue detenida por desobedecer e 
insultar a los agentes en junio de 1993. 

	En la madrugada del 23 de junio de 1993, el agente M. E. C. patrullaba, junto con otro 
policía, por la plaza mayor de Alzira cuando vieron a tres jóvenes sentados sobre el respaldo 
de un banco urbano, los agentes pidieron a los jóvenes que se sentaran correctamente. Los 
jóvenes obedecieron la orden, pero uno de ellos, J.V.P.E. replicó a los agentes que también él 
consideraba de mala educación circular con un vehículo policial por una zona reservada al 
tránsito de peatones. Este comentario hizo que el agente M.E.C. bajara del vehículo y solicitara 
al joven la identificación, el joven intentó huir pero fue alcanzado y detenido. Una vez en el 
vehículo policial, el agente le propinó dos bofetadas.


PM-A16		En octubre de 1997, la Sección Tercera de la Audiencia 
Provincial de Barcelona celebró la vista oral contra tres agentes de la guardia 
urbana de la localidad de Barberá bajo la acusación de golpear y detener a un 
abogado que pretendió denunciarlos por aparcar el coche policial en un paso 
de cebra en la madrugada del 13 de julio de 1993.
	El Ministerio Fiscal solamente formuló acusación contra uno de los 
agentes, ENRIQUE A. V.N, para quien solicitó una pena de multa de 150.000.- 
pesetas. La acusación particular formuló acusación contra los tres agentes para 
lo que solicitó penas de un mes de arresto y dos años de suspensión. Esta 
Asociación no ha tenido conocimiento de la sentencia dictada.


PM-A17		En abril de 1997, el Juzgado de Instrucción nº 2 de 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) celebró la vista del juicio de faltas contra varios 
agentes de la policía municipal de la localidad gaditana denunciados por 
MANUEL MORALES y FRANCISCO PERCHIU como autores de la agresión 
sufrida por estos el 15 de julio de 1993 cuando realizaban una pintada contra 
un vertedero municipal incontrolado. Al juicio acudieron, también, en calidad de 
denunciados Manuel Morales y Francisco Perchiu a quienes los agentes 
habían denunciado por desacato y agresión a la autoridad. Esta Asociación no 
conoce el contenido de la sentencia dictada.


PM-A18		En junio de 1997, la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Vizcaya condenaba al agente de la Policía Municipal de Bilbao 
ÁLVARO FRANCISCO GARCÍA OCHOA a la pena de multa de 25.000.- 
pesetas como autor de una falta de maltrato de obra en la persona de JUANA 
ZALDUMBIDE, de 73 años de edad, el 18 de agosto de 1993. La misma 
sentencia condenaba al mismo agente y al también  policía municipal 
CÁNDIDO GÓMEZ VARELA a la pena de un mes y un día como autores de un 
delito de detención ilegal de los hermanos UNAI ASIER, JORGE y DOLTZA 
NOGAL PLAZA, nietos de Juana Zaldumbide.

	Según la sentencia, los tres hermanos se encontraban en el interior de su vehículo en 
la madrugada del 18 de agosto de 1993, esperando a su abuela para ir a abrir el kiosko de 
prensa que regentaban. En su poder tenían una cantidad de dinero destinada a los 
proveedores.
	En ese momento los dos agentes ahora condenados, de paisano, se acercaron al 
vehículo por encontrar sospechosa la presencia de los jóvenes. Los agentes, identificándose 
como policías, exigieron a los jóvenes que salieran del vehículo, pero al no ver claramente la 
placa policial ni oír la identificación policial y temiendo ser objeto de un atraco se negaron a 
salir del vehículo. Uno de los agentes propinó una patada a uno de los cristales y encañonó 
con su arma a los jóvenes.
	En ese momento llegó la abuela, a la que el agente García Ochoa propinó un codazo 
que la hizo caer al suelo. Entones el conductor del vehículo arrancó e intentó ir en busca de 
ayuda. Los agentes efectuaron cuatro disparos con sus armas, tres de los cuales alcanzaron 
las ruedas del vehículo y la cuarta se perdió. Posteriormente otro vehículo policial interceptó a 
los jóvenes que fueron detenidos por indicación de los agentes condenados. Trasladados a la 
comisaría de donde, una vez escuchadas sus explicaciones, fueron puestos en libertad. 


PM-A19		En abril de 1997, la Audiencia Provincial de Cantabria 
condenó a tres agentes de Policía Municipal de Santander, JOSÉ LUIS L. R., 
MIGUEL ÁNGEL P.C.  y MANUEL P.C, a sendas penas de un mes multa 
como autores de una falta de lesiones en la persona de ANTONIO D.B., de 65 
años de edad, en agosto de 1993.

	Ese día, empleados de la grúa municipal santanderina se encontraban retirando unos 
vehículo mal aparcados cuando Antonio D.B. les insultó. El agente de policía que se 
encontraba junto a los empleados de la grúa intentó identificarle, pero al negarse a ello Antonio 
D. solicitó la presencia de refuerzos, acudiendo poco después los tres agentes ahora 
condenados que procedieron a detener a Antonio D. trasladándole a la comisaría. Introducido 
en el garaje de la misma, Antonio D. fue golpeado de manera conjunta y coordinada por los 
tres agentes causándole lesiones en costados, hombros, tórax y abdomen.


PM-A20		En marzo de 1996, tres agentes de la Policía Municipal de 
la Coruña, JAVIER SÁNCHEZ, JESÚS RIAL y MANUEL MÉNDEZ  fueron  
Juzgados por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de la ciudad 
gallega como autores de un delito de lesiones ocurrido el 21 de agosto de 1993 
en una discoteca y en la persona de CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ, 
miembro de la Guardia Civil, franco de servicio. Esta Asociación desconoce el 
contenido de la sentencia dictada.

	Ese día, Carlos A. Fernández se encontraba con síntomas de embriaguez, por lo que 
fue invitado a salir de la discoteca donde se encontraba, a lo que se opuso por considerarlo 
injusto. En el mismo establecimiento se encontraba, también de paisano, Javier Sánchez, cabo 
de la Policía Local, que avisó al 092 al ver la resistencia que ofrecía el guardia civil. A esta 
llamada acudieron los agentes Jesús Rial y Manuel Méndez, de servicio y uniformados. En el 
incidente que se produjo a continuación, Carlos A. Fernández golpeó a Javier Sánchez, que se 
había identificado como policía local. Ante esta agresión los tres policías municipales 
comenzaron a golpear fuertemente al guardia civil, propinándole varias patadas y golpes con 
porras, causándole lesiones de las que tardó en curar 54 días.


PM-A21		La sección Segunda e la Audiencia Provincial de Madrid 
confirmó, en marzo de 1996, la sentencia del Juzgado de Instrucción nº 3 de 
Alcorcón que condenó a la pena de 20 días de arresto menor al agente de 
Policía Municipal de esa localidad madrileña JOSÉ RAMÓN BUGALLO 
ESPIÑEIRA como autor de una falta de lesiones a ANSELMO GARCÍA 
RODRÍGUEZ el 27 de octubre de 1993. El mismo Juzgado absolvía a los 
agentes municipales con números profesionales AL-1224, AL-1235 y AL-1174 
que habían sido acusados por la Asociación Contra la Tortura como 
encubridores de la agresión y para los que solicitaba, al igual que para  Bugallo 
Espiñeira, la pena de un mes de arresto.

	La agresión denunciada por Anselmo García tuvo lugar cuando este llamaba la 
atención al conductor de un vehículo que, sin identificación alguna, acababa de realizar una 
maniobra ilegal y que era ocupado por el policía José Ramón Bugallo, acompañado de la 
también policía AL-1224. José Ramón Bugallo se bajó de su vehículo armado de un palo y 
golpeó el coche de Anselmo García. Poco después llegó un vehículo patrulla, cuya dotación 
estaba integrada por los agentes AL-1235 y AL-1174, y ante los cuales Bugallo se identificó 
como policía municipal. Cuando Anselmo García estaba presentando su documentación a los 
dos últimos policías, José Ramón Bugallo le propinó un fuerte golpe en el estómago sin que los 
demás policías presentes, uniformados o sin uniformar, hiciesen nada por evitarlo o lo 
denunciaran después.


PM-A22		El Fiscal solicitó penas de tres años de prisión para cuatro 
agentes de la Policía local de Sabadell (Barcelona), el sargento ANTONIO 
SÁNCHEZ CORTÉS, y los agentes JOSÉ ANTONIO RAMOS SERRANO, 
CARLOS REPISO VELASCO E ISIDORO VILASECA SANTIAGO, como 
autores de un delito de lesiones en la persona de DAMIÁN M. en la madrugada 
del 7 de noviembre de 1993, después de que éste se hubiere saltado un 
semáforo en rojo con el vehículo que conducía. La acusación particular solicita 
una pena de cinco años de prisión y diez de inhabilitación para el sargento y 
penas de cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación para los restantes 
agentes

	Ese día, el argento Antonio Sánchez y el agente José Antonio Ramos, estando de 
servicio, interceptaron el vehículo conducido por Damián M después de que se saltara un 
semáforo en rojo, produciéndose una discusión sobre la obligación o no de efectuar dicha 
prueba. Durante ese tiempo, los otros dos agentes habían llegado al lugar en apoyo de sus 
compañeros. Finalmente la prueba no pudo realizarse porque Damián no sopló con la fuerza 
suficiente. Entonces, según el fiscal, los agentes sacaron del vehículo violentamente al 
conductor produciéndose una nueva discusión en cuyo transcurso lo cuatro agentes golpearon 
reiteradamente al joven


PM-A23		Por tercera vez, la Audiencia Provincial de San Sebastián 
suspendió la vista oral del juicio contra seis agentes de policía municipal de 
Rentería y Oiartzun (Guipúzcoa) (JUAN LUIS GUNDÍN ARTOLA, jefe de la 
Policía Municipal de Rentería, JOSÉ JUAN LÓPEZ REKARTE y JOSÉ 
ANTONIO UGARTEMENDIA SAGARZAZU, segundo y tercer responsables en 
el escalafón de la policía municipal de la localidad guipuzcoana, los agentes de 
la Policía Municipal de Rentería, MANUEL FRANCISCO GARCÍA SAN 
ANDRÉS y SALVADOR AZURMENDI LOILI, e IGOR IBARGUREN, policía 
local de la localidad cercana de Oiartzun. Como autores de un delito de 
quebrantamiento de condena, dos de ellos, y de un delito de falsedad en 
documento oficial, los restantes. No ha sido señalada nueva fecha para la 
celebración del juicio oral.
El origen de esta causa se encuentra en la condena de los agentes 
como responsables de un delito de quebrantamiento de la condena de 15 y 30 
días de arresto anteriormente impuestas por una sentencia del Juzgado de 
Instrucción nº 4 de la capital guipuzcoana como autores de las graves lesiones 
sufridas por JUAN CARLOS MARTÍNEZ BALLESTEROS, 
	Para evitar que los condenados cumplieran esta sentencia, los acusados 
alteraron los turnos de trabajo de los agentes, que pasaron al turno de noche 
de tal forma, que los condenados estuviesen siempre en sus domicilios, 
situados en las localidades de Irún y Oiartzun, durante las horas diurnas en que 
los funcionario judiciales vigilaban el cumplimiento del arresto impuesto.

	La condena inicial tuvo su origen en un accidente de tráfico en el que se vio implicado 
Juan Carlos Martínez Ballesteros, cuyo responsable desapareció del lugar de los hechos con la 
aquiescencia de los agentes Manuel Francisco García San Andrés y Salvador Azurmendi Loidi. 
Cuando Martínez Ballesteros reprochó a los policías su actuación estos procedieron a su 
detención, trasladándole a las dependencias de la policía municipal de Rentería donde fue 
empujado y golpeado por Azurmendi. Al ser puesto en libertad, Martínez Ballesteros acudió al 
Juzgado de Guardia donde formuló la correspondiente denuncia y fue reconocido por el médico 
forense que apreció contusiones en los testículos, muslo, región cervical y hemitórax del 
denunciante.


PM-A24		La sección Vª de la Audiencia Provincial de Oviedo 
(Asturias), en junio de 1996, absolvió al agente de la policía local de Oviedo 
LUIS CARLOS S. S. del delito de lesiones por el que había sido acusado por 
JOSÉ ANTONIO C. M. y ocurridas el 30 de diciembre de 1993, y entendió que 
las lesiones que este presentaba fueron causadas por una caída accidental sin 
que en la misma tuviese participación el agente denunciado.

	La denuncia, sin embargo, sostenía que ese día José Antonio C. aparcó su vehículo en 
la calle Quintana de Oviedo en un lugar prohibido, un vado. produciéndose un incidente a 
continuación en cuyo transcurso el agente golpeó en la cabeza al denunciante. 
	El agente sostuvo, y así lo aceptó el Tribunal, que José Antonio C. se negó a retirar el 
vehículo a sus requerimientos y se puso a gritar llamando la atención de las personas que por 
allí paseaban, que se pusieron de parte del conductor, ante lo cual decidió llevarle al cuartel y 
cuando José Antonio C. salía de su vehículo se golpeó accidentalmente en la cabeza con la 
puerta del vehículo, cayendo al suelo y produciéndose las lesiones que presentaba.


PM-A25		Cuatro años después de ocurridos los hechos, la Sección 
Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia absolvía a los agentes de 
Policía Local de dicha ciudad, JUAN JESÚS NARANJO NOGALES, ANTONIO 
GARCÍA LEÓN, , MARCELINO CASTRO VALIENTE y RAFAEL RIVELLES 
GÓMEZ de los delitos de detención ilegal y lesiones en la persona de  JESÚS 
ORTÍ GARCIA, por los que la acusación particular solicitaba penas de seis 
años de suspensión, por la detención ilegal, y dos años cuatro meses y un día 
por las lesiones, para los tres primeros agentes y tres meses de arresto para el 
cuatro policía municipal. El Ministerio Fiscal solicitó la absolución de todos 
ellos. 

	Según la denuncia presentada y ahora rechazada, la agresión tuvo lugar cuando Jesús 
Ortí conducía un vehículo de época por las calles de la localidad y el vehículo se le averió. Al 
bajar para ver lo que ocurría se le acercó el agente de policía local Naranjo, que le solicitó la 
documentación. Como quiera que en ese momento no la tenía se produjo una discusión, tras la 
cual este agente llamó a otros dos policías que se encontraban en las inmediaciones. Cuando 
Jesús Ortí intentó llevarse el vehículo con una grúa fue agredido por los agentes: en concreto 
el  apellidado Naranjo le dio un golpe con el radioteléfono que le causó lesiones en un ojo y le 
rompió un diente. Los otros dos agentes procedieron a esposarle, tirándole al suelo y 
propinándole patadas y puñetazos. La agresión fue observada por numerosos vecinos que 
paseaban por el lugar. Dos días después de la agresión, dos de los agentes agresores fueron 
suspendidos cautelarmente de empleo, decisión que fue criticada por los responsables de los 
sindicatos policiales, que defendieron la actuación de los policías.


PM-A26		En marzo de 1997, la Sección XVII de la Audiencia 
Provincial de Madrid condenó al policía Municipal de Getafe (Madrid) PAULINO 
LEÓN DEL BARCO a la pena de diez días de arresto como autor de una falta 
de lesiones causadas el 20 de marzo de 1994 en la persona de JOSÉ 
ANTONIO ROMERO, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía fuera de 
servicio y que vestía de paisano. La misma sentencia absuelve al citado agente 
municipal y a LUIS MORALES GARCÍA¸ de la acusación de detención ilegal 
por la que había sido acusado por el ministerio Fiscal, que solicitaba penas de 
un mes de suspensión por este delito.

	Los hechos que dieron lugar a esta sentencia tuvieron lugar el 20 de marzo de 1994 en 
la localidad madrileña de Getafe, donde se había producido un gran atasco de tráfico. Los 
agentes Juzgados, de uniforme, intentaban poner fin al embotellamiento cuando oyeron que 
José Antonio Romero tocaba insistentemente el claxon del vehículo en el que viajaba. Luis 
Morales se dirigió al mismo y le pidió que dejara de tocar el claxon, recibiendo como respuesta 
insultos por parte de Romero. El agente municipal solicitó  al conductor que se identificase a lo 
que este se negó bajándose del vehículo y dirigiéndose hacia el agente municipal. En ese 
instante se acercó Paulino León quien “sin más trámite retorció violentamente el brazo de 
Romero”, tras lo que fue detenido y trasladado a la Comisaría, de la que salió poco después en 
libertad.


PM-A27		La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla 
absolvió, en abril de 1997, a los agentes de la Policía Municipal de la localidad 
sevillana de Arahal JOSE CARLOS BRENES MORENO y ANTONIO BRENES 
MORENO, que habían sido acusados inicialmente por el fiscal por los delitos 
de detención ilegal, prevaricación y torturas en la persona de ANTONIO 
ANTEQUERA PAREJO el 17 de marzo de 1994. Durante el juicio oral, el fiscal 
retiró los cargos por los delitos de prevaricación y torturas manteniendo el de 
detención ilegal por el que solicitó la pena de seis meses de inhabilitación.

	El día indicado, los agentes Brenes Moreno detuvieron a Antonio Antequera, con 
numerosos antecedentes penales, después de recibir una denuncia sobre un robo cometido en 
la localidad. Según la denuncia presentada, tras detener a Antequera y trasladarlo al cuartel 
policial, los agentes golpearon al un detenido y después de que éste les indicase donde estaba 
el botín, le dejaron escapar. 


PM-A28		La Audiencia Provincial de Santander condenó, cuatro años 
después de denunciados los hechos, a dos agentes de la Policía local 
santanderina, RAMÓN JOSÉ C. H. y JOSÉ R. S., como autores de un delito de 
detención ilegal en la persona de un menor con el que el primero había tenido 
un incidente en una discoteca tras el cual aquel resultó herido. La misma 
sentencia ordena abrir diligencias por falso testimonio contra dos agentes de la 
Policía Municipal de la capital cántabra que declararon a favor de los acusados 
en el acto del juicio oral.

	El 8 de abril de 1994, el agente Ramón José C. tuvo un incidente con un menor en una 
discoteca. Diez días después, este agente y su compañero José R. se cruzaron en una calle 
santanderina con ese menor y le requirieron para que se identificase tras lo cual, con la excusa 
de identificarlo, fue trasladado a la Comisaría de Policía Municipal donde el agente Ramón 
José C. amenazó al muchacho con introducirse con él en una habitación a solas, lo que no 
llegó a efectuarse al negarle el cabo de servicio aquel día el permiso para ello.


PM-A29		En abril de 1996, la Sección VIIª de la Audiencia Provincial 
de Madrid, confirmaba la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado 
de Instrucción nº 33 de Madrid que absolvía a tres agentes de Policía Municipal 
madrileña, ADOLFO PÉREZ FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL PABLO ARIAS 
y CARLOS CALVO SUÁREZ, que habían sido acusados por golpear, en la 
madrileña Puerta del Sol el 14 de junio de 1994, al ciudadano magrebí 
ZAHZHOU MOHAMED.
	La absolución fue basada por el Juzgado en la no asistencia al juicio del 
agredido (que se encuentra en paradero desconocido), en que las 
declaraciones de los testigos que depusieron en el acto del juicio ofrecían una 
visión parcial de lo ocurrido y que, las imágenes que un fotógrafo que pasaba 
por el lugar, tomó de lo que ocurría "ofrecen una visión estática de los hechos 
sobre la que no es posible realizar juicios de valor".

	El 14 de junio de 1994, cuatro agentes de policía municipal, los tres acusados y otro no 
Juzgado, golpearon a Zahzhou Mohamed, ciudadano argelino con estatuto de refugiado, ante 
numerosos testigos - incluidos varios reporteros gráficos que tomaron fotografías de lo que 
ocurría y fueron publicadas al día siguiente en varios medios de comunicación - Varios de los 
testigos acudieron voluntaria e independientemente a la Comisaría y Juzgado de Guardia a 
denunciar lo que habían presenciado. 
La agresión se produjo después de que lo policías solicitaran a Zahzhou Mohamed su 
documentación al tiempo que le propinaban varios empujones. ante el trato que recibía 
Zahzhou exigió que no le empujasen lo que exasperó a los agentes que comenzaron a 
golpearle con sus porras. Los golpes continuaron cuando cayó al suelo.
	Entre las personas que presenciaron la agresión se encontraban RACHID BUMEDINE 
y EL BORYJ MOHAMED, quienes pocos días después fueron detenidos y expulsados del 
territorio español.


PM-A30		En abril de 1996, los agentes de la Policía Municipal de 
Logroño, JOSÉ ÁNGEL ASENSIO PÉREZ DEL NOTARIO, ÁNGEL RUIZ 
IBÁÑEZ, CARLOS LÓPEZ GIBAJA y JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ PÉREZ 
fueron absueltos por la Audiencia Provincial riojana de los delitos de tortura y 
detención ilegal en las personas de FERNANDO ROMERO ÁLVAREZ y 
ESTEBAN ROMERO ÁLVAREZ, por los que habían sido acusados y para los 
que la acusación particular solicitaba penas de seis años de cárcel para cada 
agente. El Ministerio Fiscal solicitaba, por su parte, la absolución de los 
agentes.
	La sentencia niega la existencia de los delitos de detención ilegal y 
torturas, y entiende que las lesiones que presentaban los denunciantes se 
debían a autolesiones y, en todo caso, podían haberse incluido en el delito de 
lesiones, nunca de torturas, pero que al no haberse presentado acusación por 
este delito específico no puede entrar a resolver sobre dicho extremo.

	El 20 de junio de 1994, los hermanos Esteban y Fernando Romero circulaban con su 
vehículo  en compañía de otros amigos, entre ellos Gómez Álvarez, por el paraje conocido 
como Camino Viejo de Jerusalén, en Logroño, cuando en un descampado fueron obligados a 
detenerse por los agentes policiales José Ángel Asensio y Ángel Ruiz. Cuando Esteban 
Romero les indica que no tiene la documentación del vehículo, es golpeado sin motivo por uno 
de los agentes. Su hermano al ver la agresión salió del vehículo a auxiliar a su hermano, 
siendo a su vez golpeado por los agentes que llamaron a otras patrullas policiales en su ayuda, 
acudiendo entre otras la constituida por los otros dos agentes acusados.
	También fue golpeado Gustavo Gómez, que recibió un golpe en el cuello con el canto 
de la mano por parte de un agente policial, al tiempo que era amenazado con volver a 
golpearle.
	Los tres jóvenes, fueron denunciados por los policías por un delito de conducción bajo 
bebidas alcohólicas y otro de atentado. Esta denuncia fue asumida por el fiscal y el abogado 
del Ayuntamiento de Logroño.


PM-A31		JOSÉ REBOREDO LÓPEZ, agente de la Policía Municipal 
de Lugo, fue condenado, en marzo de 1996, por el Juzgado Penal nº 1 de esta 
ciudad a la pena de un mes de arresto como autor de una falta de lesiones en 
la persona de DANIEL LÓPEZ VISPO el 28 de julio de 1994, durante el 
transcurso de una protesta de la Plataforma en Defensa del Miño ante el 
Ayuntamiento de la ciudad gallega. La misma sentencia condenaba al 
ecologista a dos meses de arresto por un delito de resistencia a los agentes de 
la autoridad. Esta sentencia ha sido recurrida ante la Audiencia lucense.

	El 28 de julio de 1994, los integrantes de la Plataforma en Defensa del Miño, entre los 
que se encontraba Daniel López, se manifestaban ante el Ayuntamiento de Lugo, donde iban a 
desplegar una pancarta, en protesta contra el inicio de las obras del recinto ferial en O 
Palomar, que consideraban tendría graves repercusiones medioambientales.
	Cuando estaba desplegando la pancarta, Daniel López fue agarrado por varios agentes 
que le sacaron a rastras. Entre estos policías se encontraba José Reboredo López, quien le 
propinó una patada que le rompió tres costillas. Durante el forcejeo el agente Reboredo resultó 
con una contusión en una rodilla, base de la acusación y condena contra López Vispo, quien ha 
recurrido ésta.


PM-A32		La Audiencia Provincial de Valladolid condenó al agente de 
Policía local de la capital castellana FORTUNATO C. E. a la pena de seis 
meses de prisión como autor de las lesiones sufridas por FRANCISCO JAVIER 
GÓMEZ el 9 de noviembre de 1994. La sentencia dictada cuatro años después 
de ocurrir los hechos desestimó la agravante de abuso de autoridad y 
consideró que el condenado no pretendió causar el daño que provocó. Durante 
la vista oral, el fiscal solicitó la pena de un años de prisión mientras la 
acusación particular elevaba esta petición a cinco años de prisión

	El 9 de noviembre de 1994, Francisco Javier Gómez acudió al depósito municipal de 
vehículos  tras haber recibido una notificación telefónica de que su coche, denunciado como 
robado, había aparecido. Al censurar el mal trato recibido por teléfono, un policía sacó su porra 
y le golpeó por detrás causándose las lesiones ya indicadas. poco después Francisco Javier 
Gómez era trasladado al hospital en calidad de detenido y acusado de atentado a la autoridad.
	Tras la agresión sufrida por parte del agente, Francisco J. Gómez, tuvo que ser 
ingresado en el Hospital Río Hortega con graves lesiones en la cabeza, habiendo sufrido 
fractura del arco gigomático, fractura craneal y otras heridas. Un sargento del cuerpo policial 
fue suspendido cautelarmente por el Ayuntamiento de la ciudad castellana.


PM-A33			El Juzgado de Instrucción nº 23 de Madrid acordó 
investigar la participación del agente de Policía Municipal nº 4232.8 en la 
agresión sufrida, en la Comisaría de la madrileña calle de La Luna, por 
MARGARITA BALLESTEROS, JUAN PABLO GARCÍA GÓMEZ y ALFONSO 
VILLA PALENCIA ocurridos el 20 de noviembre de 1994 .

	En la madrugada de este día, los tres jóvenes se encontraban tomando una copa en el 
bar "Poli" de Madrid cuando entraron en el mismo varios agentes de Policía Nacional 
uniformados que pidieron una consumición de bebidas alcohólicas. Los tres jóvenes 
manifestaron en voz baja su desaprobación por esa actuación. Los agentes aludidos obligaron 
a los tres jóvenes a salir a la calle donde los golpearon reiteradamente. Fueron introducidos por 
la fuerza en un furgón policial, en el que de nuevo fueron maltratados, y trasladados a la 
Comisaría del distrito de Retiro, donde, de nuevo, fueron objeto de golpes por parte de los 
mismos policías que les habían detenido mientras otros agentes, entre ellos un agente de la 
Policía Municipal de Madrid, que se encontraban de servicio en las dependencias se sumaron a 
la agresión. Posteriormente Margarita Ballesteros, Alfonso Villa y Juan Pablo García fueron 
denunciados a su vez por los agentes por un delito de resistencia, siendo puestos a disposición 
judicial. Un año después, los tres fueron absueltos de los cargos que contra ellos formulaba la 
policía.


PM-A34		En abril de 1997, la Sala Segunda de la Audiencia 
Provincial de Oviedo condenó al agente de la Policía Municipal de la localidad 
de Villaviciosa, FERNANDO V.S. a la pena de tres días de arresto como autor 
de una falta de lesiones en la persona de JUAN CARLOS VEGA el 24 de 
noviembre de 1994, al tiempo que absolvía al también policía municipal 
JORGE C.P. de su participación en las lesiones causadas. Al mismo tiempo la 
sala absolvía a los dos agentes del delito de detención ilegal por el que habían 
sido acusados.

	El 24 de noviembre de 1994,  el agente Fernando V. hizo una indicación a Juan Carlos 
Vega, que circulaba con un ciclomotor por las calles de Villaviciosa, para que se acercase a 
donde se encontraba junto con el otro agente. Juan Carlos así lo hizo pero su ciclomotor 
derrapó, sin que llegara a descender del vehículo. En ese momento, el agente se dirigió al 
conductor y diciéndole “tu a mi no te me pongas chulo” le propinó un empujón que le derribó de 
la moto y procedió a esposarle y detenerle, trasladándole a la comisaría bajo la acusación de 
haber intentado atropellarle. El otro policía no intervino en la agresión ni detención pero 
tampoco hizo nada para evitarla y consintió que su compañero presentase denuncia contra 
Juan Carlos Vega.


PM-A35		Una vez comenzado el juicio oral, la sección IVª de la 
Audiencia Provincial de Valencia, después de que el denunciante no 
compareciera a los llamamientos efectuados por el tribunal, anuló el juicio 
contra tres agentes de la Policía Municipal de la localidad valenciana de 
L’Eliana,  JAVIER R. S., ALFONSO R. A. Y JUAN LUIS P. M., que habían sido 
acusado por el ciudadano colombiano DIEGO LEÓN MONTOYA por los delitos 
de amenazas, lesiones, coacciones y robo, entre otros, perpetrados en su 
persona, en la noche del 14 al 15 de diciembre de 1994. El Ministerio Fiscal 
había solicitado penas que oscilan entre los tres años y ocho meses de cárcel y 
los cuatro años y dos meses de prisión, más multa y retirada del permiso de 
conducir para los tres agentes. La acusación particular eleva estas penas a 
siete y ocho años.

	Ese día, los agentes ahora acusados se encontraron con Diego León y le pidieron que 
les invitase a una copa, a lo que este accedió yendo los cuatro a casa de este. Según el relato 
del escrito de acusación del fiscal, una vez allí "estuvieron bebiendo güisqui y los agentes, 
quienes se encontraban bajo la influencia de bebidas alcohólicas, comenzaron a preguntar 
respecto a los daños sufridos por un vehículo en el pub Karma el día 10". El agente Javier R, 
desenfundó su arma, montando y desmontando el cargador, "imitándole Alfonso R., al tiempo 
que golpeaba al señor Montoya quien no podía ofrecer información alguna porque desconocía 
los hechos" . Contra su voluntad, Javier R., que se encontraba bebido, introdujo a Diego León 
Montoya en el vehículo de este y lo condujo hasta Valencia, mientras los otros dos agentes 
volvían a la casa de la víctima, en la que entraron sin su permiso ni autorización judicial, y la 
registraron.


PM-A36		En febrero de 1996,  el Juzgado Penal número 5 de 
Valencia condenó al policía municipal ANTONIO ACEVEDO DEL OLMO  a la 
pena de cuatro meses de arresto y al pago de una multa de 200.000.- pesetas 
como autor de un delito de amenazas en la persona de ALFREDO A. D., de 73 
años de edad a quien encañonó con su arma reglamentaria el 4 de febrero de 
1995 porque entorpecía el tráfico. Al mismo tiempo ordenó la apertura de una 
causa contra el otro agente, JUAN C., por falso testimonio pues durante el 
juicio testificó no haber visto nada de lo ocurrido, frente a las manifestaciones 
de otros testigos citados en la causa.

	El 4 de febrero de 1995, Alfredo A. P.. de 73 años de edad, conducía su vehículo por 
las calles de Valencia. Durante su recorrido se encontró con el policía local Antonio Acevedo 
que estaba regulando el tráfico y que le indicó que se alejara de un cruce para que no 
obstaculizara la circulación. El anciano preguntó al agente por la dirección que, entonces, debía 
tomar y el policía desenfundó su arma reglamentaria, un revolver, y encañonó a Alfredo A. "a 
través de la ventanilla y a muy escasa distancia de su rostro". Otro policía municipal, Juan C. S. 
que vio lo ocurrido se acercó al lugar y logró tranquilizar a Antonio Acevedo que volvió a 
enfundar su arma. El conductor se alejó del lugar y formuló una denuncia.


PM-A37		El diciembre de 1996, la Sección Vª de la Audiencia 
Provincial revocaba la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de 
Instrucción 16 de la capital valenciana y condenaba a la pena de quince días 
de arresto a un agente de policía municipal como autor de una falta de maltrato 
al empujar a una persona minusválida, ANASTASIO O.M., que cayó al suelo 
sin sufrir lesiones. El Juzgado de Instrucción había condenado al agente como 
autor de una falta de lesiones, sin embargo la Audiencia considera que no 
puede compartir la declaración efectuada por el Juzgado de instancia de que 
las lesiones que presentaba el denunciante se produjesen a raíz del empujón.

	Los hechos tuvieron lugar el 16 de febrero de 1995 cuando el agente se acercó a un 
vehículo mal estacionado para proceder a denunciarlo, poco después se acercó su propietario, 
que es minusválido, quien protestó por la multa pues entendía que su vehículo estaba 
perfectamente estacionado, produciéndose una discusión en el transcurso de la cual el agente 
empujó a Anastasio O. que cayó al suelo.


PM-A38		En octubre de 1996, la Sección Quinta de la Audiencia 
Provincial de Barcelona condenaba a los agentes de Policía Municipal de la 
localidad de Espugles de Llobregat JOSÉ ANTONIO GALDEANO 
ANTEQUERA y JUAN CARLOS CANALS BONICHS a sendas penas de 
veintiún meses de prisión como autores de un delito de lesiones en la persona 
de RAMÓN BENAGE TOLOSA el día 26 de febrero de 1995. Otro agente 
participó en la agresión pero no ha sido identificado.

	Según los hechos declarados probados, los dos agentes ahora condenados, junto con 
un tercero no identificado. acudieron a una plaza de la localidad catalana después de haber 
recibido una aviso de que una persona estaba amenazando a los jóvenes allí presentes. Una 
vez allí, los agentes solicitaron la documentación a Ramón Benages, cuando éste iba a 
entregársela, el agente Canals le retorció el brazo y tiró al suelo donde los tres agentes le 
propinaron diversas patadas y golpes. Tras esposarle fue introducido en un vehículo policial en 
cuyo interior fue golpeado, con una barra, por el agente Galdeano. Como consecuencia de la 
agresión, Ramón Benages  sufrió la rotura de dos costillas, varios puntos de sutura en la oreja 
izquierda y numerosos hematomas por todo el cuerpo.


PM-A39		En abril de 1997, la Sección Tercera de la Audiencia 
Provincial de Sevilla, absolvió al agente de Policía Local sevillana MANUEL G. 
R. de la falta de lesiones y del delito de detención ilegal en la persona de M. M. 
T. el 11 de marzo de 1995. El Tribunal basa su fallo en la absoluta discrepancia 
entre denunciante y denunciado y que ninguno de los testigos que presenció 
los hechos corroboró de manera absoluta ninguna de las versiones. La 
acusación particular que, inicialmente, solicitaba la pena de un año de prisión, 
rebajó ésta y, durante el juicio oral, solicitó una pena de treinta días de arresto. 
El Fiscal solicitó la absolución del agente.

	Según la denuncia, el 11 de marzo de 1995, M.M. T. presenciaba como la grúa 
municipal retiraba varios vehículo mal estacionados. El agente se dirigió a él con palabras 
altisonantes y requiriéndole para que le enseñase la documentación. Al pedir el denunciante 
que le hablase con educación, el agente golpeó al joven por la espalda y lo tiró al suelo para 
esposarle, tras lo cual fue trasladado a la comisaría bajo la acusación de atentado y resistencia 
a la autoridad. Como consecuencia de la agresión, M.M.T. sufrió lesiones que tardaron en curar 
quince días.


PM-A40		El Juzgado de Instrucción nº uno de Palma de Mallorca 
archivó la denuncia formulada por la familia de CARLOS PINO BURGUERA, de 
17 años de edad, tras aparecer éste ahorcado, el 14 de abril de 1995, en los 
calabozos del cuartel de San Fernando de la Policía Municipal de Palma de 
Mallorca. Varias personas (ANGEL RUIZ MARTÍNEZ, MUSTAFÁ MOHAMED 
MOHAMED, VICENTE JULIÁ DIAZ  y ENRIQUE VERA) detenidas en las 
dependencias policiales al mismo tiempo que Carlos Pino denunciaron al juez 
que fueron golpeados en las dependencias por los agentes y que vieron como 
estos  golpeaban a Carlos Pino. 

Carlos Pino fue detenido en la mañana del 14 de abril, junto a Ángel Ruiz, bajo la 
acusación de estar robando en un vehículo. Trasladados al cuartel de la Policía Local de San 
Fernando fueron introducidos en sendas celdas, después de que se les retirasen  todas sus 
pertenencias. A Carlos Pino le retiraron, entre otros efectos, una cadena. Al solicitar Carlos 
Pino que le devolviesen la cadena fue golpeado por los agentes policiales mientras que uno de 
ellos le decía "si tienes huevos quítate la vida". Una hora después Carlos Pino aparecía 
colgado de los barrotes de su celda, que distaban 110 centímetros del suelo.


PM-A41		La Sección IV de la Audiencia Provincial de Madrid revocó 
la resolución del Juzgado de Instrucción nº 2 de Coslada por el que reputaba 
falta la agresión sufrida por JOSÉ LUIS DOMINGUEZ, VICTORIA ESCOBAR y 
ANA ISABEL DOMÍNGUEZ el 25 de marzo de 1995 y por parte de varios 
agentes de la policía municipal de la localidad madrileña. Al mismo tiempo 
ordenaba la práctica de aquellas diligencias que habían sido interesadas por 
las acusaciones particular y popular. En dicha causa se encuentra, 
actualmente, inculpados los agentes  GERVASIO VILLAVERDE PÉREZ, 
JULIÁN MORO OPORTO, ANTONIO RUBIO FERNÁNDEZ, DIEGO BENÍTEZ 
DÁVILA, JUAN MANUEL CUEVAS SANCHO , MIGUEL ÁNGEL CÁNOVAS 
GARCÍA , FRANCISCO JAVIER GARCÍA PEREA¸ y el Jefe de la Policía 
Municipal de Coslada GINÉS JIMÉNEZ BUENDÍA .

	El 25 de marzo, José L. Domínguez, paseaba por las calles de la localidad madrileña 
de Coslada en compañía de su esposa, Victoria Escobar, la hermana de aquel Ana Isabel 
Domínguez, y otras personas cuando vieron cómo varios agentes de policía municipal agredían 
violentamente con sus porras a una persona. Al formarse un grupo que recriminaba la 
actuación policial, un agente vestido de paisano, que resultó ser el Ginés Jiménez, Jefe de la 
Policía Local de Coslada, y que se dirigió de malas maneras a los congregados exigiendo que 
se retirasen. Al solicitar José Luis Domínguez que se dirigiese a ellos de una manera educada 
fue agredido por el agente de paisano sumándose a esta agresión otro policía uniformado. La 
actuación policial continuó con la agresión de que fueron objeto Victoria Escobar y Ana Isabel 
Domínguez, sufriendo todos ellos graves heridas. En el caso de Victoria Escobar sufrió una 
fractura en la  muñeca derecha y debió recibir cinco puntos de sutura en la cabeza.  La 
Asociación Contra la Tortura se ha personado en la causa judicial, abierta en el ejercicio de la 
acción popular.


PM-A42		En diciembre de 1996, el Juzgado de Instrucción nº 5 de 
Oviedo (Asturias) condenaba a los agentes de la Policía Municipal de Oviedo 
JUAN JOSÉ BLANCO VALLE  y  JESÚS MATA BASCONES a la pena de un 
mes multa como autores de una falta de lesiones en la persona de ENRIQUE 
RODRÍGUEZ ROBLES el 3 de mayo de 1995 tras un incidente de tráfico. La 
misma sentencia absolvía al agente ÓSCAR MÉNDEZ DÍAZ de la falta de 
lesiones por las que era acusado.

	El día indicado, Enrique Robles mantuvo una discusión con los agentes con motivo de 
tener su vehículo estacionado encima de una acera. Durante esta discusión, Enrique Robles  
golpeó al agente Mata Bascones en la mandíbula. Tras esto el agente Juan José Blanco junto 
a Jesús mata tiraron al suelo a Enrique Bascones y, cuando ya se encontraba reducido, le 
golpearon.


PM-A43		El Fiscal solicitó la pena de dos años cuatro meses y un día 
para dos agentes de la Policía Municipal de Langreo (Asturias) como autores 
de las lesiones sufridas por L. F. D., de 70 años de edad, el 2 de julio de 1995.

	Ese día, L.D.F. aparcó el vehículo que conducía en doble fila para que se apease su 
mujer y un nieto de corta edad. En ese momento se acercó un vehículo de la policía local del 
que se bajaron los dos agentes acusados, quienes increparon al conductor para que retirase el 
coche pues interrumpía la circulación y pidiéndole la documentación. Como L.D.F. entregase 
esta a regañadientes, los agentes le sacaron del vehículo y golpearon para, finalmente, 
detenerle bajo la acusación de resistencia a la autoridad.


PM-A44		En octubre de 1996, un agente de la Policía Municipal de 
Madrid fue condenado a la pena de cinco días de arresto por haber golpeado a 
un menor de 13 años de edad el 26 de mayo de 1995. 

	El 26 de mayo de 1995, DANIEL RIVAS, de trece años de edad, fue golpeado por un 
agente de la Policía Municipal de Madrid, tras coger un gancho metálico que se encontraba en 
una grúa municipal, tras lo cual sufrió lesiones en la cornea y un hematoma en el ojo, lesiones 
de las que tuvo que ser asistido en los hospitales de la Princesa y del Niño Jesús.
	La agresión tuvo lugar cuando Daniel cogió el gancho que había en una grúa municipal 
aparcada en doble fila. Inmediatamente dos agentes que estaban en el lugar salieron tras él.  
La agente femenina sacó la porra pero la volvió a enfundar sin utilizarla, sin embargo el otro 
agente después de decirle "Párate que te voy a dar una manta de hostias" le golpeó en la 
cabeza reiteradamente. Tras solicitarle el carné de identidad y decir Daniel que sólo tenía trece 
años, los agentes le trasladaron al Colegio donde el director pudo obtener el número de placa 
de uno de los agentes.


PM-A45		El septiembre de 1996, la Sección VIª de la Audiencia 
Provincial de Madrid confirmaba la sentencia dictada por el Juzgado de 
Instrucción nº 6 de Móstoles por la que se absolvía a los agentes de la policía 
municipal de la localidad madrileña  de Villaviciosa de Odón JOSÉ 
FRANCISCO FESTA MARTÍN, TOMÁS CARDEÑA TEJERA, RAFAEL 
FERNÁNDEZ PÁRRAGA, FERNANDO MARTÍNEZ TUR y JOSÉ ANTONIO 
IGLESIAS SÁNCHEZ de las faltas de lesiones en las personas  de JAVIER 
DELGADO ESTEBAN, JAVIER APARICIO LARGO, FRANCISCO MIGUEL 
LOZANO GARCÍA y HERENA CARIDAD HERNÁNDEZ ORTEGA el 9 de junio 
de 1995.

	Ese día, Javier delgado, Javier Aparicio, Francisco M. Lozano y Herena C. Hernández 
se encontraban en el interior del vehículo del primero de ellos, en las puerta de un  Pub de 
Villaviciosa de Odón cuando llegaron los policías denunciados (con números profesionales 109, 
107, 114, 124 y 121 respectivamente), que les preguntaron sobre la desaparición de unas 
botellas de licor del citado establecimiento. Cuando ya se había aclarado el suceso, y el dueño 
del bar rechazó la posibilidad de formular una denuncia contra los jóvenes, Javier Delgado 
arrancó el vehículo y, accidentalmente golpeó ligeramente a uno de los  vehículos policiales.  
Inmediatamente después los agentes sacaron de su vehículo y a la fuerza a Javier Delgado, a 
quien tiraron al suelo donde le propinaron varios golpes con las porras y patadas esposándole 
de pies y manos. Igualmente, estando en el suelo y cuando estaba ya esposado, le aplicaron 
un spray de gas lacrimógeno en la cara. Javier Aparicio y los demás jóvenes se bajaron para 
ayudar a su amigo, recibiendo todos ellos golpes con las porras y patadas, así como  
descargas de gas en la cara. Todos ellos fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil de 
Villaviciosa acusados de robo y de agresión a los agentes de la Policía local.


PM-A46		En abril de 1996, el Juzgado de Instrucción nº 5 de 
Marbella (Málaga) condenó al agente MARIO GONZÁLEZ a la pena de diez 
días de arresto como autor de dos faltas de malos tratos con lesiones leves en 
la persona de J.J.C el 16 de junio de 1995. Al mismo tiempo ordenaba el inicio 
de otra causa judicial para investigar si se hubieren cometido por el agente los 
delitos de detención ilegal y acusación o denuncia falsa.

	El 16 de junio, en Puerto Banús, unos jóvenes llevaban una banqueta, hecho que fue 
observado por dos agentes de policía local que se acercaron a ver lo que ocurría. Los jóvenes 
a ver a los agentes soltaron la banqueta y se alejaron del lugar. Los policías lograron dar 
alcance a uno de ello, J. C. C. que fue detenido y a quien el agente Mario González esposó con 
tal fuerza que le produjo erosiones en las muñecas.  Poco después, fueron detenidos otros dos 
jóvenes por los mismos hechos y trasladados a la Comisaría de Policía local, donde l mismo 
agente, Mario González, propinó una bofetada a uno de ellos al que causó una herida que 
necesitó asistencia médica.


PM-A47		El Magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia 
Provincial de Madrid, Felix A. Guevara, confirmó la sentencia dictada en 
primera instancia por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Coslada, cuyo titular 
Carlos Nogales, absolvió a los agentes de la Policía Municipal de esa localidad 
madrileña con números profesionales 3.427.400, 51.624.344, 750.969 , 
52.261.136, 52.654.331 y 52.800.677, éste último de nombre MIGUEL ÁNGEL 
CÁNOVAS GARCÍA, de la acusación de lesiones en las personas de MANUEL 
GARCÍA MORALES y FRANCISCO JAVIER MARTÍN MORENO el 19 de junio 
de 1995.
	El Magistrado de la Sala basa su sentencia, entre otros argumentos, a la 
“mayor credibilidad  de las manifestaciones de los agentes de policía por su 
objetividad, firmeza y coincidencia, a lo que habría que añadir que su versión 
es la única lógica y acorde a la experiencia diaria”.

	En la mañana del 19 de junio de 1995, Manuel García y Francisco Javier Martín 
regresaban de unas fiestas en la barrio madrileño de Vallecas cuando se pararon ante una 
pastelería para comprar una botella de cerveza. En ese momento llegaron los agentes que, de 
malas maneras, les pidieron la identificación. Uno de los agentes no esperó a que se 
identificasen y quitó la botella de cerveza a Francisco Javier Martín, vertió su contenido en el 
suelo y comenzó a golpearle. Otros agentes golpearon a otros de los jóvenes (dos tuvieron que 
recibir asistencia médica) y los detuvieron bajo la acusación de resistencia. Tres años después, 
lo jóvenes fueron condenados por una falta de desobediencia .


PM-A48		La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres 
condenó, en mayo de 1997, al agente de Policía Municipal de Plasencia J. P. 
A., a la pena total de 190 días de multa como autor de seis faltas de lesiones y 
una de malos tratos de obra cometidos en el transcurso de la detención de 
siete jóvenes el 15 de julio de 1995 en un parque de la ciudad extremeña. La 
misma sentencia absuelve a varios agentes de los delitos de detención ilegal y 
a los siete jóvenes de las acusaciones de desobediencia y desacato que contra 
ellos habían efectuado los agentes. Conocida la sentencia, el Alcalde de 
Plasencia y la Jefatura de Policía de la localidad cacereña manifestaron su 
apoyo al agente condenado e insistieron en que actuó correctamente y 
conforme a la Ley de Seguridad Ciudadana.

	El 15 de julio de 1995, varios vecinos avisaron a la policía local de Plasencia de que 
unos jóvenes estaban provocando actos vandálicos en un parque. Varios agentes se 
distribuyeron por el parque. Cuando el grupo de agentes, en el que se encontraba el ahora 
condenado, vio a los denunciantes, esgrimió su arma reglamentaria y abordaron al grupo 
ordenándoles que se arrojasen al suelo. Esta orden fue obedecida por los jóvenes, si bien, 
previamente, el agente J.P.A. agredió con la porra a uno de ellos. Cuando estaba en el suelo, 
el mismo agente propinó nuevos golpes y  patadas al resto de los jóvenes. Posteriormente, 
estos fueron detenidos y acusados de desobediencia y desordenes. Cuando eran conducidos a 
los vehículos policiales, uno de los detenidos pidió explicaciones sobre su detención 
recibiendo, como única respuesta, una bofetada en el rostro por parte del mismo agente.


PM-A49		El Juzgado de Instrucción nº 17 de Madrid absolvió al 
agente de Policía Municipal JOSÉ FERNANDO OLIVARES CRUZ (con carné 
profesional nº 4732.6) de la falta de lesiones a DOLORES COOMONTES por la 
que había sido acusado. Anteriormente el juzgado había archivado la causa 
contra los agentes de Policía Municipal con números profesionales 5276.0, 
5245.0, 6181.5 (JOSÉ MANUEL DE SOLA LÓPEZ), 6082.3 (ANTONIO 
PÉREZ FREIRE), 5254.1 (ÁLVARO ORTIZ PERDICES), 5774.5 (DIEGO 
CERRATO CASADO) y 5029.5 (JORGE ALAIZA SALA), así como contra los 
Policías Nacionales de la Comisaría de Buenavista con carnets profesionales 
número 11.877 y 60.701, contra los que la Asociación Contra la Tortura había 
formulado una querella por delitos de tortura, lesiones, detención ilegal, 
amenazas, falsedad en documento oficial.
	También prestaron declaración en la causa los agentes nº 3127.6, 
5305.3, 4633.4, 4487.8 y 4488.0 que participaron también en la detención y 
custodia de Dolores Comentes en las dependencias de la Policía Municipal. 
	La tramitación de la causa sufrió todo tipo de trabas y obstáculos por 
parte de los jueces que en ella intervinieron, Juzgado de Instrucción nº 15 de 
Madrid, que recibió la primera denuncia durante su servicio de guardia, y de la 
titular del Juzgado de Instrucción nº 17 de Madrid, encargado de la 
investigación de los hechos denunciados.

	El 21 de julio de 1995, en la madrileña calle de Juan Bravo, Dolores Comentes aparcó 
su vehículo en doble fila, cuando fue advertida de que funcionarios de la policía Municipal 
estaban tomando los datos del vehículo. Dolores Coomonte se dirigió a su vehículo en el que 
se introdujo. Los agentes le solicitaron la documentación del coche, que les fue entregada por 
la conductora, a pesar de lo cual  uno de los agentes, introduciendo la mano por la ventanilla, 
se apoderó de la llave de contacto del vehículo. Poco después los agentes le indicaron que el 
vehículo iba a ser retirado por la grúa municipal. Dolores, para evitar esto, permaneció dentro 
del vehículo exigiendo que le fuese devuelta la documentación y las llaves del coche. En unos 
instantes, Dolores Coomonte se vio rodeada por 5 o 6 agentes que, repentina y violentamente 
la sacaron del coche y, a la fuerza y mediante golpes, la introdujeron en un vehículo policial en 
el que fue trasladada a las dependencias de la Policía Municipal.
	Una vez en estas dependencias policiales fue sometida a toda clase de amenazas y 
vejaciones, se le impidió avisar al abogado de su confianza y a su familia, se le negó la 
posibilidad de acudir al servicio así como el beber agua,... 
En la misma comisaría, un agente de la policía local le propinó un fuerte golpe en el 
oído izquierdo que le causó una perdida auditiva en el mismo. (El agente José Fernando 
Olivares Cruz fue acusado por este hecho y absuelto tras el juicio celebrado).
	Si bien, inicialmente sólo era acusada por un delito contra la seguridad del tráfico, y así 
le fue comunicado al abogado de oficio que acudió a asistirla, nada más marcharse este 
abogado, se le acusó de haber atropellado a un policía municipal y haberle causado graves 
lesiones (en concreto un "esguince cervical de rodilla") por lo que fue trasladada a la Comisaría 
de Policía del madrileño distrito de Buenavista, donde a pesar del estado que presentaba fue 
introducida en un calabozo negándole igualmente el ir al servicio y la posibilidad de lavarse 
(dada la situación sufrida, Dolores Coomonte sufrió un vómito y tuvo deposiciones líquidas).
	Posteriormente fue trasladada al hospital Gregorio Marañón, donde le fue apreciado  un 
mal estado general y la presencia de hematomas en brazos y piernas.
	Tras lograr entrevistarse con su cliente, el abogado designado por Dolores Coomonte, 
acudió al Juzgado de Guardia, Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, donde formuló una 
solicitud de Habeas Corpus a favor de Dolores Coomonte, en la que se hacía constar la 
existencia de malos tratos a la detenida y que, sin que la interesada fuese siquiera oída, fue 
rechazada sin argumentación alguna.
	El letrado, entonces, presentó una denuncia, tanto por malos tratos contra los agentes 
policiales como por la actitud del titular del Juzgado de Guardia, Eduardo Gutiérrez Gómez. 
Esta denuncia, que correspondió por reparto al juzgado de Instrucción nº 17 de Madrid, fue 
paralizada sin practicar diligencias durante casi un año por la titular de este Juzgado, Araceli 
Perdices López, quien, sin embargo, si tramitó con diligencia la denuncia de los agentes 
contra Dolores Comentes. 


PM-A50		El Juzgado de Instrucción nº 2 de Ponteareas condenó, en 
febrero de 1996, a los agentes de policía local JOAQUÍN GARRIDO FRAGA, 
MARCIAL CERNADAS PESO a penas de dos días de arresto e indemnización 
a ROBERTO MERA COVAS, consejero del Bloque Nacionalista Gallego en 
Ponteareas, por las lesiones que le causaron el 8 de septiembre de 1995. La 
sentencia absolvió a un tercer agente, MANUEL PRESA MÁRQUEZ, por no 
haber quedado acreditada su actuación.

	Según la sentencia, el 8 de septiembre, Roberto Mera acudió al Ayuntamiento, en su 
calidad de concejal, para examinar los libros de cuentas. Una vez allí, el funcionario Víctor 
Mínguez y el agente Joaquín Garrido intentaron impedir que accediera a los libros por medio de 
zarandeos y empujones. Pese a este trato, Roberto Mera no soltó la documentación que había 
logrado tomar para examinarla. Poco después acudieron al lugar los agentes Joaquín Garrido y 
Marcial Cernadas, que volvieron a agredir a Roberto Mera que cayó al suelo, causándole 
lesiones en las costillas por las que tuvo que ser asistido. 


PM-A51		En septiembre de 1997, la Sección Primera de la Audiencia 
Provincial de Málaga confirmaba la sentencia del Juzgado de Instrucción nº 2 
de Melilla por la que se condenaba a la pena de un mes de arresto al cabo de 
la policía Municipal melillense CRISTÓBAL CASTRO GONZÁLEZ  como 
autor de la agresión a JUAN CARLOS REY VÁZQUEZ en las dependencias 
policiales, absolviendo a los agentes DIEGO LÓPEZ MARTÍNEZ y JOSÉ 
MARÍA AZNAR MARTÍNEZ por no haber quedado acreditada su participación. 
La misma sentencia absuelve a los tres agentes de la agresión denunciada por 
MOURAD DRIS MAANAM por no haber quedado acreditada esta.

El 26 de septiembre de 1995, Juan Carlos Rey Vázquez  conducía su vehículo cuando 
fue requerido por los miembros de una dotación de la policía municipal, compuesta por el cabo 
Cristóbal Castro  y los agentes Diego López y José María Aznar, quienes procedieron a 
multarle por una maniobra ilegal. Tras una discusión de Juan Carlos Rey con los agentes, 
aquel, y su acompañante Mourad Dris Maanam, fueron golpeados, detenidos y trasladado a las 
dependencias de la Policía Municipal. 
Una vez allí Juan Carlos rey fue objeto de una nueva y brutal agresión por parte del 
cabo Castro y de otros agentes que le causaron graves heridas. Esta agresión fue observada 
por otro agente municipal, JOSÉ LUIS RIVAS quien decidió poner los hechos en conocimiento 
de sus superiores y del Juzgado . Los responsables de la policía Municipal de Melilla, tras el 
expediente interno elaborado, propusieron que se sancionase al agente Rivas por haber 
causado descrédito de la Policía Municipal. La Asociación Contra la Tortura ejerció la 
acusación popular en esta causar.


PM-A52		En noviembre de 1996, el Juzgado de Instrucción nº 1 de 
Arcos de la frontera (Cádiz) absolvió al jefe de la Policía Municipal de la 
localidad gaditana de Villamartín, ANTONIO CONSUEGRA y al agente 
ANTONIO BARRAGÁN quienes habían sido acusados por dos vecinos de la 
localidad por malos tratos y detención ilegal durante las fiestas patronales de la 
localidad en el verano de 1995.

	Según la denuncia, durante unos incidentes, los agentes denunciados golpearon en la 
calle a un joven que se encontraba detenido y esposado. Varios jóvenes que presenciaron los 
hechos recriminaron a los agentes su actitud, recibiendo de estos varias descargas de gases 
lacrimógenos con spray.


PM-A53		Continua ante el Juzgado de Instrucción de Colmenar Viejo 
(Madrid) la causa abierta tras la denuncia de JORGE NIETO BUENO formuló 
denuncia contra cuatro agentes de la Policía Municipal de la localidad 
madrileña  CÉSAR IZQUIERDO COLMENAREJO, FRANCISCO GONZÁLEZ 
LAGAR, JUAN PABLO CANCELA DE LA MORENA y JOSÉ LUIS SANZ 
QUINTA, por los malos tratos y lesiones sufridos el 30 de agosto de 1995.

	En la madrugada de ese día, el denunciante, policía municipal de Madrid, se 
encontraba con su novia en un bar de Colmenar Viejo donde tuvieron una fuerte discusión. 
Después de que el encargado del local avisara a la policía municipal, los cuatro agentes 
denunciados se personaron en el lugar y solicitaron al denunciante su documentación quién les 
mostró la placa que le acreditaba como policía. En ese momento, Jorge Nieto fue agarrado 
fuertemente por los brazos por dos de los denunciados y sacado del local para ser conducido a 
las dependencias policiales. Durante el camino, efectuado a pie, cuando Jorge Nieto manifestó 
que le estaban haciendo daño en los brazos, fue insultado y golpeado contra una pared por 
otro de los agentes, mientras el cuarto agente le golpeaba en la cara. Una vez en las 
dependencias policiales, tras amenazarle, le dejaron ir en libertad sin leerle sus derechos, 
tomarle declaración, o practicar diligencia alguna.


PM-A54		La sección XVIª de la Audiencia Provincial de Madrid 
condenó al agente de Policía Municipal LUIS JAVIER DÍAZ APARICIO a la 
pena de dos años de prisión como autor de un delito de homicidio en la 
persona de PABLO VICHO LUCAS el 17 de octubre de 1995. La Asociación 
Contra la Tortura, que ejercía la acusación popular, solicitó una pena de 
catorce años y ocho meses de prisión por la muerte de, mientras que el fiscal 
solicitaba la pena de 14 años por los mismos hechos. La sentencia apreció en 
el agente una  eximente incompleta de legítima defensa.

	PABLO VICHO LUCAS murió el 17 de octubre a consecuencia del disparo efectuado a 
bocajarro por el agente de Policía municipal de Madrid Luis Javier Díaz Aparicio.  Ese día, 
Pablo Vicho conducía un vehículo robado siendo perseguido por una patrulla de la Policía 
Municipal de la que formaba parte el agente Díaz Aparicio. Al llegar a la Avda. de América, el 
coche de Pablo Vicho tuvo que parar al encontrarse un atasco en la circulación. Detrás de él 
paró el vehículo policial del que se bajaron sus ocupantes. El agente Luis Javier Díaz Aparicio, 
tras desenfundar su arma reglamentaria y ponerse a la altura de la ventanilla del conductor, 
efectuó un disparo a bocajarro que alcanzó en la cabeza a Pablo Vicho causándole la muerte 
inmediata.


PM-A55		En junio de 1996, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Getafe 
absolvió a los agentes de la Policía local de esta localidad madrileña números 
2.206.665, 2.221.798, 11.787.798 y 2.212.172, que habían sido denunciados 
por RUBÉN HERNÁNDEZ RECUERO como autores de la agresión sufrida el 
23 de octubre de 1995. Agresión tras la que necesitó hospitalización.
 
	Ese día Rubén Hernández conducía una moto de su propiedad por las cercanías del 
cementerio de la localidad madrileña de Getafe cuando se encontró con un vehículo de la 
policía local que le obligó a salirse del camino. Al ver la actuación policial paró su vehículo y vio 
como se bajaban del coche policial dos agentes uniformados y otras dos personas de paisano 
que luego resultaron también ser policías municipales. Cuando estas personas llegaron a su 
altura, sin mediar palabra, le bajaron a la fuerza de la moto y le tiraron al suelo, donde le 
golpearon al tiempo que le acusaron de haberse saltado dos semáforos en rojo en el casco 
urbano y haberse dado a la fuga sin hacer caso a las señales de un vehículo policial. La 
agresión continuó hasta la llegada de otro vehículo policial cuyos ocupantes le detuvieron y le 
trasladaron a las dependencias policiales.
	Tras quedar libre, acudió al Hospital de Parla, donde Rubén tiene su domicilio. Dos 
días después debió volver al Hospital, a donde acudió una tercera ocasión, el 29 de octubre, 
quedando ingresado a consecuencia de la enfermedad que padecía (Rabdomiolisis - 
Glucogenosis tipo V)  que se ha visto agravada por los golpes recibidos. 
	Un mes después de la absolución de los agentes, el mismo Juzgado condenó a Rubén 
Hernández a la pena de multa de quince mil pesetas.


PM-A56		EN MAYO DE 1996, El Juzgado de Instrucción nº 2 de Pola 
de Laviana (Asturias) ha condenado a la pena de tres días de arresto a los 
agentes de Policía Municipal de la localidad asturiana de Sotondrio, JUAN 
ANTONIO ANTUÑA  y ENRIQUE SUÁREZ PUENTE, como responsables de 
las lesiones sufridas por Marcos Martínez, ALEJANDRO GARCÍA y JULIO 
FERNÁNDEZ en la madrugada del 3 de diciembre de 1995. Un tercer agente 
denunciado, oficial de servicio del cuartel de la policía local, no fue Juzgado.  
La misma sentencia condenaba a los tres jóvenes al pago de una multa de 
10.000 pesetas como autores de una falta de ofensa a los agentes de la 
autoridad.

	Ese día, los tres jóvenes formularon una denuncia, ante los Juzgados de Laviana, 
contra dos agentes de la policía local de Sotondrio (Asturias) por las agresiones y malos tratos 
sufrido en la madrugada del 3 de diciembre. Al tiempo que denunciaban a un tercer agente, 
oficial de servicio en el cuartel, por no haber intervenido para acabar con la agresión de que 
eran objeto.
	La agresión tuvo lugar a las salida de un bar de la localidad donde se encontraban los 
jóvenes y después de que Alejandro se sintiese indispuesto cayese al suelo. Al lugar se 
acercaron dos agentes de la policía local y Marcos se ofreció a llevar a Alejandro García a su 
casa. Los agentes aceptaron en un primer momento este ofrecimiento para cambiar de actitud 
poco después y proceder a la detención de Julio Fernández, que se había acercado a ver lo 
que ocurría y que, como respuesta de lo agentes recibió un par de bofetadas y fue esposado 
por obstrucción a la investigación. Momentos después introducían a los tres jóvenes en el 
vehículo policial y los trasladaban al cuartel de la policía local donde Julio Fernández fue 
sacado del coche mediante tirones del pelo, y arrojado al suelo donde recibió varias patadas. 
Alejandro García, por su parte, recibió un codazo en el ojo derecho. Igualmente procedieron a 
golpear a Marcos Martínez. Mientras estas agresiones tenían lugar, se encontraba presente el 
oficial de guardia del cuartel, que se negó a intervenir para poner fin a la agresión y que, 
posteriormente, se negó a admitir la denuncia de los tres jóvenes contra los dos policías que 
les golpearon.

  Otras actuaciones violentas tuvieron lugar el 7 de octubre, cuando resultaron lesionados JUAN MANUEL CORONEL 
MARTÍNEZ y JORGE ENRIQUE OLIVA LÓPEZ. El 14 de octubre, en el que resultó herido LUIS UGARTE VELIZ.
  Manuel Benítez fue Juzgado anteriormente, junto a CARLOS GAGO y ANTONIO PÁEZ, por una delito de injurias a 
los agentes de la autoridad. Durante la vista del juicio oral, los agentes que detuvieron a Manuel Benítez afirmaron que 
"sistemáticamente la Policía Local desnuda en sus dependencias a todos los ciudadanos detenidos, 
independientemente del delito que hayan podido cometer".
  Durante las sesiones de la Comisión, los agentes policiales se desdijeron de lo manifestado ante el Tribunal. 
Igualmente siete personas, cuyas identidades no se hicieron públicas, manifestaron a la Comisión que fueron obligados 
a desnudarse en las dependencias policiales.
Otras personas, entre ellas, JUAN JOSÉ RUBIO LÓPEZ, y otra cuyas iniciales se corresponden a J. L. P. F, 
denunciaron ante los Tribunales cordobeses que fueron obligados a desnudarse por los agentes policiales en las 
dependencias de la Policía Municipal el mismo año de 1992.
  Anteriormente, el conductor había sido Juzgado y condenado como autor de sendos delitos contra la seguridad del 
tráfico y resistencia, así como por una falta de lesiones.
  Durante la actuación policial, otro vendedor ambulante, MOUDUO DIOP, fue agredido por los agentes policiales, 
siendo asistido en el Area de Sanidad del Ayuntamiento de Madrid. Esta Asociación desconoce si existe algún 
procedimiento judicial por esta segunda agresión.
  En primera instancia, la Audiencia Provincial de Madrid había condenado al agente a la pena de dos años, cuatro 
meses y un día de prisión como autor de un delito de lesiones con el agravante genérica de abuso de autoridad.
  Son varias las denuncias formuladas contra los agentes destinados en el depósito municipal de Valladolid, 
  Ver caso PN-A31
  MUSTAFÁ MOHAMED denunció  que había sido golpeado por varios agentes de Policía Municipal en el cementerio 
donde fue detenido y antes de ser trasladado al cuartel de la Policía Local. 
VICENTE JULIÁ denunció haber sido objeto de malos tratos en el mismo cuartel de Policía local donde sufrió fractura 
de tabique nasal.
  Este agente ya fue condenado anteriormente a la pena de diez días de arresto por agredir a JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ ALMAZÁN y ASCENSIÓN DE LA TORRE GÓMEZ el 14 de junio de 1991. También se ha visto 
implicados en agresiones posteriores. Ver caso PM-17/96 de este informe.
  Este agente se ha visto implicado en otras agresiones a ciudadanos de Coslada: Ver caso PM-A47 de este mismo 
dossier. Igualmente, en noviembre de 1992 fue absuelto de la acusación contra él formulada por JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ ALMAZÁN y ASCENSIÓN DE LA TORRE GÓMEZ, que fueron agredidos el  14 de junio de 1991 (por 
esta agresión fueron condenados los agentes nº  734.261, 50.810.340, 750.969 y 699.695. También fue absuelto un 
sexto agente)
  El Jefe de la Policía Municipal de Coslada se ha visto implicado directamente en muchos de las agresiones 
practicadas por los agentes municipales de esta localidad: Ver casos PM-16/96 y PM-17/96 de este mismo informe.
  Por esta agresión, Enrique Robles fue, por su parte, condenado a la misma pena de un mes multa.
  Este agente ya fue condenado anteriormente a la pena de diez días de arresto por agredir a JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ ALMAZÁN y ASCENSIÓN DE LA TORRE GÓMEZ el 14 de junio de 1991. Ver notas 44 y 45.
  La ACT  apeló esta sentencia, que absolvía a los agentes y condenaba a los jóvenes. Cuando el Magistrado de la 
Audiencia confirmó ésta, condenaba a la ACT al pago de las costas procesales.
  Este agente ha sido encarcelado recientemente como presunto autor de la violación de una ciudadana marroquí a la 
que previamente había detenido.
  El agente José Luis Rivas decidió hacer pública su denuncia a la vista de que ya había denunciado anteriormente y 
ante sus superiores casos de malos tratos a detenidos, pero estas actuaciones no se corrigieron nunca. Ya en 
noviembre de 1994 se denunció a tres miembros de la Policía Municipal, un cabo y dos agentes, por haber sometido a 
maltrato y tortura a un ciudadano marroquí en el cuartelillo de este cuerpo en Melilla. El agredido, cuya identidad no 
quedó nunca reflejada en los libros de detenidos de las dependencias policiales, fue sacado a rastras por los agresores 
que lo introdujeron en un vehículo policial y lo abandonaron poco después en un descampado (Ver caso PM - 30 del 
informe de la ACT correspondiente al año 1994).
	Otra denuncia contra agentes de la policía Municipal melillense fue la presentada por FARID BELKASEM, 
que dio lugar a las D. Previas 332/94 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Melilla y que fueron archivadas por el Juez 
instructor.